La Guardia Civil traslada a la jueza que se necesita una comisión rogatoria a EEUU para recuperar los WhatsApp de Cuenca

La acción de reiniciar el teléfono móvil que utilizaba José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, figura como uno de los principales obstáculos para recuperar los mensajes vinculados a la gestión durante la dana del 29 de octubre. Según informó Europa Press, la Guardia Civil comunicó a la magistrada del juzgado de Catarroja que la localización de estos mensajes se complica considerablemente y requiere de gestiones internacionales para intentar acceder a las conversaciones que Cuenca mantuvo ese día a través de WhatsApp y Telegram.

Según reportó Europa Press, la jueza había solicitado el pasado 22 de enero que se realizaran los mandatos precisos para que las empresas titulares de ambas plataformas intentaran rescatar los mensajes relacionados con la emergencia. Esta petición se dio después de que Cuenca devolviera el iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black, que empleaba en la fecha investigada, al Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia. Sin embargo, un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones precisó que el 7 de enero el dispositivo fue reseteado, lo que provocó el borrado total de las aplicaciones y los datos que pudieran encontrarse en él.

La magistrada orientó la recuperación de los mensajes que Cuenca intercambió tanto en WhatsApp como en Telegram durante esas horas clave con diversos altos funcionarios implicados en la gestión de la crisis, incluyendo a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior; Emilio Argüeso, ex número dos de esa conselleria; Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat; Cayetano García, ex secretario autonómico de Presidencia; así como los antiguos cargos de Justicia Raúl Quílez y Alberto Martín Moratillas. Europa Press consignó que, al no poderse extraer los mensajes mediante la introducción de la tarjeta SIM en otro terminal durante una diligencia realizada el 16 de enero y ante la autorización de Cuenca para acceder a su línea telefónica, resultó imposible recuperar la información localmente.

La Guardia Civil, de acuerdo a la información de Europa Press, activó el protocolo con el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, especializado en este tipo de requerimientos. Los agentes, al analizar el marco legal y operativo vigente, explicaron que las directrices existentes bajo el Proyecto Sirius de Europol —que orienta acciones internacionales en cooperación judicial digital— no contemplan habitualmente la obtención de contenido de comunicaciones en Telegram, puesto que esta empresa, con sede en Bruselas, no suele atender solicitudes de entrega del contenido de las conversaciones. La única opción planteada consistiría en una Orden Europea de Investigación dirigida a Telegram Messenger INC en Bruselas, como apuntó la Guardia Civil en su informe al juzgado.

En cuanto a WhatsApp, la Guardia Civil detalló que, tras examinar las pautas recogidas por Europol para Fuerzas de Seguridad y autoridades judiciales, la alternativa de cooperación voluntaria no suele resultar eficaz. Cuando las autoridades persiguen la obtención de datos de tráfico o de contenido con fines judiciales, o buscan garantizar la validez de la prueba conforme a la legislación nacional, deben recurrir a la denominada asistencia jurídica mutua (MLA, por sus siglas en inglés). Esta vía legal requeriría la emisión de una comisión rogatoria internacional dirigida a WhatsApp Inc. en Estados Unidos, dado que las solicitudes de divulgación no se atienden por la filial irlandesa, indicó Europa Press en base al oficio remitido por la Guardia Civil.

El documento policial establece además que WhatsApp, como política, no conserva los mensajes una vez que estos han sido entregados al destinatario, ni tampoco mantiene registros de las transacciones asociadas a aquellos mensajes que ya han sido entregados. Los mensajes que permanecen sin entregar se eliminan de los servidores a los treinta días. Solo en casos especiales, la aplicación almacena durante más tiempo contenidos multimedia, como fotos o vídeos ampliamente compartidos, para optimizar su envío a muchos usuarios, explicó la Guardia Civil en su comunicación, de acuerdo con Europa Press.

El procedimiento posterior al borrado de una cuenta en WhatsApp implica, según describe el informe policial reproducido por Europa Press, la supresión de la información conservada, con un plazo que puede extenderse hasta noventa días. Además, es posible que copias de respaldo de la información del usuario permanezcan más tiempo para afrontar situaciones excepcionales como pérdidas accidentales o errores de software. La empresa retira los vínculos entre estos materiales y los identificadores personales del usuario, aunque ciertos registros de actividad pueden continuar presentes en sus bases de datos.

A la luz de estas condiciones técnicas, la Guardia Civil enfatizó que una comisión rogatoria internacional dirigida a Estados Unidos sería el mecanismo adecuado para solicitar datos a WhatsApp con potencial relevancia judicial. De igual modo, cualquier solicitud a Telegram demandaría una Orden Europea de Investigación.

Ambas vías requieren aportar identificadores precisos para los usuarios implicados. El informe policial recogido por Europa Press subrayó que resulta imprescindible especificar claramente los números telefónicos, incluyendo el prefijo internacional correspondiente (+34 para España), de los titulares de las líneas cuyos mensajes se pretenden recuperar. De esta manera, se facilita la identificación del contenido de las comunicaciones mantenidas entre esos números a través de las aplicaciones de mensajería instantánea investigadas.

La investigación judicial se centra en esclarecer cómo se gestionó la respuesta institucional ante la dana. Diversos cargos y responsables aparecen en el foco de la actuación judicial por su implicación en las conversaciones desarrolladas la jornada de la emergencia. Europa Press explicó que la solicitud de la jueza busca reconstruir el flujo de información y decisiones tomadas en tiempo real, habida cuenta de la desaparición de los datos tras el reseteo del dispositivo que utilizó José Manuel Cuenca.

La devolución del terminal móvil reseteado por Cuenca y la imposibilidad de obtener los mensajes directamente del dispositivo han elevado la necesidad de acudir a procedimientos legales internacionales, suponiendo demoras y complicaciones técnicas en la obtención de pruebas documentales. Europa Press ha señalado que el proceso se encuentra a expensas de las respuestas de las compañías tecnológicas y de los cauces de cooperación judicial transfronteriza previstos en la legislación vigente.

El conjunto de estos elementos configura una situación en la que el acceso a información relevante para la investigación depende de factores ajenos a la jurisdicción local e introduce nuevos retos en la obtención de pruebas digitales en procedimientos judiciales relacionados con la gestión de emergencias públicas.