Una magistrada abre diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública de Alicante

La renuncia de Miguel Ángel Sánchez a la jefatura de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de Alicante, tras revelarse que la madre de sus dos hijas figura como una de las beneficiarias de las viviendas de protección pública en la promoción Les Naus de la Playa de San Juan, marca uno de los episodios derivados de una investigación iniciada por posible corrupción en la adjudicación de estos inmuebles públicos. Según consignó el medio, una magistrada a cargo de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ordenó abrir diligencias previas este miércoles 11 de febrero para investigar el proceso de asignación de dichas viviendas.

De acuerdo con la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la decisión surge tras la recepción mediante reparto de una denuncia interpuesta la semana pasada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias. La denuncia señala a nueve personas, entre las que figuran la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, una exdirectora general y varios empleados municipales, bajo la sospecha de cometer presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Como parte de las primeras actuaciones, la magistrada instructora solicita recabar todos los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante relativos a diversas denuncias conectadas con estos hechos, con el objetivo de centralizar en un mismo proceso judicial todas las acciones encaminadas a dilucidar posibles irregularidades. El TSJCV explicó en su comunicado que esta medida pretende facilitar un conocimiento global del caso y asegurar su debida tramitación procesal.

El foco de la investigación se sitúa sobre la adjudicación de viviendas de protección pública en la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan. El caso cobró notoriedad cuando se reveló que Rocío Gómez, quien hasta hace unos días ejercía como edil de Urbanismo en el consistorio alicantino, figura entre los beneficiarios directos de las viviendas investigadas. También resultaron adjudicatarios familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman —quien al igual que Gómez, ha dimitido de sus funciones— y un arquitecto del propio ayuntamiento.

La denuncia de Manos Limpias, tal como reportó el TSJCV, argumenta que los hechos podrían constituir delitos relacionados con el ejercicio de cargos públicos y la gestión irregular en la distribución de recursos destinados a vivienda social. Señala la supuesta existencia de procedimientos internos que pudieron favorecer a funcionarios, exdirigentes y familiares, contraviniendo lo estipulado en la normativa aplicable a la adjudicación de recursos públicos.

A raíz de la difusión del caso por parte de medios locales y del TSJCV, la situación ha desencadenado una serie de dimisiones, como la de la exconcejala Rocío Gómez y la exdirectora general María Pérez-Hickman. Asimismo, la renuncia de Sánchez como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria apunta a la magnitud de las implicaciones políticas y administrativas derivadas de las primeras pesquisas.

El TSJCV comunicó que, en paralelo a la apertura de diligencias, la jueza instructora ordenó examinar las denuncias existentes en la Fiscalía, con la finalidad de unificarlas y disponer de todos los elementos de prueba pertinentes antes de avanzar con nuevas actuaciones. Se pretende así evitar la fragmentación de los procedimientos que surgen a raíz de denuncias individuales y garantizar una visión integral del entramado de presuntas irregularidades dentro del propio sistema administrativo encargado de la vivienda pública.

Según detalló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el procedimiento judicial en curso abarcará todas las acciones penales iniciadas hasta el momento en torno a la asignación de viviendas sociales en Les Naus, con vistas a determinar la responsabilidad de los investigados y la existencia o no de delitos en los hechos indicados por Manos Limpias. El colectivo presentó la denuncia tras detectar que empleados y cargos públicos podrían haberse beneficiado personalmente en procesos reservados para la ciudadanía que reúne las condiciones requeridas para optar a una vivienda protegida.

En la lista de investigados se encuentran funcionarios municipales, exresponsables políticos y arquitectos vinculados a la administración local. La magnitud de la denuncia ha impulsado a la magistrada a adoptar una estrategia de integración procesal, asegurando que ninguna denuncia relevante quede sin incluir en la causa principal destinada a esclarecer el caso.

La información aportada por las investigaciones que ya estaban en manos de la Fiscalía de Alicante también será objeto de revisión y análisis. Según las disposiciones judiciales mencionadas por el TSJCV, se examinarán los procedimientos y trámites completos relacionados con la promoción de viviendas protegidas en Les Naus, así como la documentación interna que permita conocer los criterios aplicados en la adjudicación y cualquier posible influencia ejercida desde cargos públicos.

El alcance de las diligencias ordenadas abarca desde la selección de beneficiarios, pasando por los procedimientos administrativos seguidos, hasta el análisis de la posible intervención de los investigados en la toma de decisiones clave para la asignación de viviendas. El TSJCV subrayó en su comunicado que el objetivo central consiste en esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades en función de los resultados que arroje la investigación, sin prejuicio de la presunción de inocencia que ampara a todos los implicados.