Moncloa reprocha al fundador de Telegram sus "mentiras" y "ataques ilegítimos" contra el Gobierno

El Ejecutivo español considera que el reciente mensaje enviado por Pável Dúrov, fundador de Telegram, a los usuarios de España ejemplifica la urgencia de establecer una regulación efectiva sobre las redes sociales y aplicaciones de mensajería, al entender que este tipo de acciones podría vulnerar la seguridad digital y la protección de la infancia. Según informó el medio, Moncloa expresó que los ciudadanos no deberían estar expuestos a escenarios donde líderes tecnológicos extranjeros pueden dirigirse masivamente a los dispositivos de la población en respuesta a políticas públicas orientadas a limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y a reforzar la retirada de contenidos ilícitos.

El medio reportó que el desencuentro surge tras el anuncio realizado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre nuevas medidas que incluyen prohibiciones para menores y sanciones para plataformas digitales y sus responsables que no retiren contenidos ilegales o de incitación al odio. En reacción, Dúrov habría utilizado Telegram para advertir a los usuarios españoles sobre lo que describió como un “control total” del Gobierno español sobre las plataformas digitales, lo que, según Moncloa, constituye una acción sin precedentes en España.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales criticaron que el mensaje de Dúrov transmite “varias mentiras” y representa “ataques ilegítimos” hacia el Ejecutivo. Tal como consignó el medio, las autoridades recalcaron que Telegram habría aprovechado la gestión sin restricciones de la aplicación para emitir una alerta masiva “no autorizada” a todos los usuarios en España, remarcando que esta es la primera vez que ocurre una situación semejante en el país.

A través de diferentes canales, miembros del Gobierno han manifestado su desaprobación ante este acto. El presidente Pedro Sánchez utilizó la red X para responder: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en la plataforma Bluesky su rechazo al mensaje, subrayando que “miles de usuarios de Telegram han recibido” una comunicación directa del propietario en la que se afirma que las medidas gubernamentales suponen una amenaza a las libertades. Díaz enfatizó: “No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos”.

De acuerdo con la información publicada, el Gobierno sostiene que el proceder de Dúrov revela la necesidad de articular marcos regulatorios frente a un escenario en el que un reducido número de individuos ejerce un alto nivel de control sobre infraestructuras digitales globales. Según datos del último Eurobarómetro mencionados por el Ejecutivo y citados por el medio, el 95% de los ciudadanos españoles se muestran preocupados por la desinformación y los discursos de odio, mientras que el 89% manifiesta inquietud ante la concentración de poder de las grandes plataformas y la opacidad de sus algoritmos.

Respecto a la seguridad en las plataformas digitales, Moncloa apuntó que el fundador de Telegram está “siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves” y acusó reiteradas faltas en el cumplimiento de las obligaciones legales para el control de contenidos. El Ejecutivo afirmó que la estructura de Telegram responde a una estrategia de “mínima moderación”, con lo cual la aplicación termina constituyéndose, según las fuentes gubernamentales citadas por el medio, “en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas”, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con investigaciones abiertas en países como Francia, Corea del Sur y España.

El medio precisó que las autoridades españolas interpretan el mensaje difundido por Dúrov como una estrategia para desacreditar a las instituciones y “erosionar la confianza” en el marco democrático. Para el Ejecutivo, el texto enviado está “lleno de bulos”, es decir, información falsa, y busca incidir políticamente en la percepción pública del Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también emitió un comunicado al respecto, donde rechaza la comunicación de Dúrov por “señalar, desinformar y difundir propaganda política directa contra un Gobierno democrático”, señalando este hecho como “de extrema gravedad” y advirtiendo que no debe normalizarse esta práctica.

Moncloa remarcó, según reportó el medio, que los desafíos y problemáticas relacionados con las redes sociales no referencian únicamente a España ni son un invento gubernamental, sino que constituyen una preocupación extendida entre la ciudadanía. Las fuentes oficiales insistieron en que las medidas propuestas buscan proteger especialmente a los menores, hacer cumplir las leyes y garantizar el funcionamiento transparente de las plataformas, reafirmando la postura de que ningún sujeto extranjero debería interferir masivamente en la vida digital de los españoles en respuesta a los esfuerzos legislativos del Estado.