El juez cita como testigos a allegados de la madre del niño presuntamente asesinado en Garrucha (Almería)

Las citaciones a familiares y conocidos cercanos de B.B.O., convocados para declarar ante el Tribunal de Instancia de Vera (Almería) el 19 de febrero, han puesto el foco en la investigación sobre la presunta muerte violenta de un menor en Garrucha. Esta medida se suma a la instrucción del caso, marcada por disputas judiciales sobre la competencia y la interpretación de posibles indicios de violencia vicaria o negligencia. Según narra Europa Press, el proceso busca aclarar tanto las circunstancias alrededor del fallecimiento como la posible implicación y relación de las personas allegadas.

Europa Press detalló que la Sección Civil y de Instrucción ordenó la comparecencia de varios compañeros y allegados de B.B.O., madre del niño, a partir de las 10:30 horas en el tribunal, según la diligencia de ordenación consultada por el medio. Además, el juzgado libró un oficio dirigido a la Policía Judicial de Garrucha para localizar y citar a otras dos personas de interés, que deben acudir ese mismo día, media hora más tarde, ante la autoridad judicial.

La investigación continúa bajo la supervisión del titular de la Plaza 3 de Vera, quien mantiene abierto el caso al tiempo que se resuelve una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial de Almería. Europa Press consignó que la causa se inició en el Juzgado Número 4, en funciones de guardia, tras la muerte del menor el pasado 3 de diciembre. Posteriormente, surgió un intento de inhibición, buscando derivar el caso al Juzgado Número 1 de Vera, que tiene jurisdicción en violencia sobre la mujer.

Las discrepancias en torno a los indicios de violencia vicaria han sido una constante en la instrucción. Investigadores plantean la hipótesis de que J.D.R.C., pareja de la madre y detenido por el caso, pudo haber causado la muerte del niño con la intención de dañar a la mujer, sobre la que pesaba una orden de alejamiento aunque ambos convivían en el momento de los hechos. Sin embargo, el juez con competencias en violencia devolvió la causa al considerar que, en esta etapa de la investigación, no existen pruebas claras de violencia de género ni un uso instrumental de la madre como víctima. Argumentó que B.B.O. habría participado en las decisiones que llevaron tanto a la muerte del menor como a la subsecuente ocultación del cuerpo, según el reporte de Europa Press.

Esta interpretación contrasta con la postura de la Fiscalía y el órgano instructor inicial, que continúan señalando la Plaza 1 de Vera como competente para la investigación, ya que entienden que se encuadra dentro de los parámetros de violencia de género.

Según informó Europa Press, la defensa de J.D.R.C., representada por el abogado Manuel Martínez Amate, orienta su estrategia hacia la existencia de una negligencia como causa del fallecimiento del menor de cuatro años, después de aplicarle medicación y ejercicios de manipulación abdominal atribuidos a prácticas de curanderismo. El letrado sostiene que su defendido actuó sin “dolo homicida”, y apunta que permaneció separado de la madre durante casi dos horas tras acudir ambos a la playa con el niño y su cuerpo. El abogado resalta que J.D.R.C. no se hallaba con B.B.O. cuando dejaron el cadáver en un búnker, pues a las 19:15 horas se encontraban en una agencia de viajes gestionando la compra de un billete a Madrid para el día siguiente, supuestamente vinculado a una oferta laboral.

La defensa subraya que el acusado se presentó de manera voluntaria ante la Guardia Civil aproximadamente a las 22:30 horas del mismo día en que murió el niño. Entre las pruebas que aporta, menciona 22 audios enviados por WhatsApp entre los participantes, en los que se abordan las técnicas de curanderismo y el consumo de medicamentos proporcionados al menor por una dolencia abdominal.

Según publicó Europa Press, estos mensajes apuntarían a un posible homicidio imprudente influido por desconocimiento médico o creencias culturales propias del entorno donde ocurrieron los hechos. El análisis de los audios y las declaraciones de los allegados citados por el juzgado serán elementos centrales para esclarecer la situación penal de los implicados y determinar si existe fundamento para considerar violencia vicaria, imprudencia, o ambas.

La instrucción permanece en curso mientras se espera la determinación sobre la competencia y se avanza en la reconstrucción de los hechos, lo que mantiene la causa abierta y la atención sobre las distintas posibilidades jurídicas contempladas por las partes, según puntualizó Europa Press.