Casi 1.000 menores han sido reubicados a la península "sin ningún problema de convivencia"

Madrid, 3 feb (EFE).- Casi 1.000 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas con menor presión migratoria en apenas cinco meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho balance de estos traslados como resultado de la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado y la orden del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo en Canarias.

Sobre estos últimos, Torres ha precisado que, del listado inicial con 1.000 jóvenes, finalmente fueron 693 los susceptibles de ser traslados, los cuales ya están todos en el sistema de protección internacional gestionado por el Gobierno central: 440 de ellos están ya en la península, 127 permanecen en Canarias y 126 han cumplido la mayoría de edad e igualmente han pasado al sistema de asilo.

De esos 127, casi 100 han pedido quedarse en el archipiélago por tener arraigo en las islas y 29 podrán ser reubicados: "Indudablemente, se ha acabado el hacinamiento", ha valorado el ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración.

En cuanto a la reforma de la ley de extranjería, que creó un mecanismo para, por primera vez, acoger a estos jóvenes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla entre otras las comunidades para que no se hicieran cargo de ellos solo las de llegada, Torres ha recordado que existen dos procedimientos.

Uno de ellos es el que establece que, en un plazo de 15 días, tienen que ser trasladados a otras comunidades todos los jóvenes que lleguen a una autonomía ya declarada en contingencia migratoria: actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a este procedimiento, el ministro ha celebrado que hoy se está tardando entre 20 y 25 días en completar un proceso en el que participa la Fiscalía, el propio menor, la comunidad de entrada y la de salida, que puede -y de hecho, algunas lo están haciendo- recurrir el expediente de traslado.

En el caso de Canarias, Torres ha detallado que el Gobierno central ha culminado en total 523 expedientes positivos pero solo se han trasladado 174, un 33,26 %, mientras que la situación en Ceuta y Melilla es algo diferente: en la primera ciudad autónoma se ha trasladado 260, el 77,38 % de los expedientes resueltos, y en la segunda 52, lo que supone el 82,53 %.

"Las velocidades no son las mismas", ha valorado el ministro, antes de "tender la mano" a los gobiernos autónomicos para "caminar" ya que, según los plazos del real decreto que reformó la ley de extranjería, el próximo mes de marzo tendrían que estar reubicados todos estos menores.

Torres ha explicado que el real decreto ley establecía que el Gobierno debía tener todos los expedientes de los jóvenes que estaban en comunidades en contingencia migratoria en el mes de noviembre y no ha sido así: En ese plazo solo recibieron 432 de unos 2.000 en el caso de Canarias; 108 de 495 de Ceuta y 30 de 76 de Melilla.

Por su parte, el ministro ha garantizado que el Gobierno seguirá trabajando con esfuerzo y "recursos de toda índole" para dar "la mayor y mejor respuesta" a un mecanismo que "defiende los derechos humanos", es "histórica", "justa", "solidaria" y fruto de un "concepto de Estado".

El ministro ha recalcado que todos estos traslados se han completado "sin ningún problema de convivencia y sin alterar el normal desenvolvimiento" de las familias, las personas, y los propios chicos, que "dejan de estar hacinados, están escolarizados y haciendo vida normal".

Para Torres, el hecho de que la convivencia se mantenga "de manera totalmente normalizada" debería hacer reflexionar al PP y Vox, partidos que votaron en contra del real decreto ley para crear este modelo de reubicación.

A este se oponen la gran mayoría de comunidades gobernadas por el PP: once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional -todas del PP menos Castilla-La Mancha- y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.

"Lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos de personas que son vulnerables porque son menores de edad y cuyo único fin es tener la mejor de las respuestas por parte de los organismos públicos", ha aclarado Torres. EFE

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