La jueza del caso FP cita como investigado a un exalto cargo de la Consejería de Educación de Madrid

El empresario responsable de la compañía Virelec denunció ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el impago de 1,4 millones de euros por trabajos realizados, según detalló Europa Press. Tras reclamar esa cantidad en septiembre de 2023 mediante burofax, el denunciante entabló reuniones con dos asesores del Gobierno regional, lo que motivó la puesta en marcha de una investigación interna sobre el proceso de facturación y las posibles irregularidades en varias obras de centros de Formación Profesional, conformando el conocido 'caso FP'.

De acuerdo con Europa Press, la jueza de Instrucción número 39 de Madrid dictó una providencia el 26 de enero para citar como investigado al exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, José María Rodríguez Jiménez, quien ocupó el cargo hasta el año 2023. La citación responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la declaración está programada para el día 11 de marzo en el marco de la investigación judicial por supuestas anomalías en la gestión de fondos destinados a obras en institutos madrileños.

El medio señaló que, además de la citación a Rodríguez Jiménez, se llamará a declarar en calidad de testigos a los directores que desempeñaban ese mismo cargo durante los hechos investigados en varias instituciones educativas: la Escuela de Arte Alberto Corazón, el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetúan de las Victorias. Asimismo, la directora del IES San Fernando, quien ejercía dicho cargo en las fechas en cuestión, también comparecerá como testigo, según lo revelado por Europa Press.

En el transcurso de la instrucción judicial, la magistrada escuchó las declaraciones del empresario denunciante, quien explicó que el mecanismo de facturación de las obras se encontraba determinado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional involucrados. De acuerdo con sus palabras ante la jueza y reportadas por Europa Press, tras la reclamación formal por impago a través de burofax, la situación desembocó en una reunión con asesores autonómicos y en la recopilación de información que impulsó a la Consejería a remitir el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Según expone el informe enviado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a la Fiscalía en marzo del 2024, se identificaron presuntas irregularidades en la reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar, además de observar posibles implicaciones de varios empleados públicos en estos sucesos. Europa Press destacó que, durante la instrucción, la jueza también recogió el testimonio de dos directores de centros de Formación Profesional y del exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2021-2023, quienes señalaron la intervención de altos cargos de la Consejería en la gestión de estos fondos.

Estos testigos manifestaron ante la magistrada que, como responsables de los institutos, no tenían competencias para recibir fondos, decidir sobre la instalación de ciclos formativos ni ejecutar gastos de obras. Precisaron, según lo consignado por Europa Press, que la única función que desempeñaban era gastar el dinero que se depositaba en las cuentas de cada centro para unos conceptos determinados, actuando conforme a órdenes e instrucciones recibidas, además de tramitar las facturas correspondientes a aquellos fondos, sin capacidad de decisión real sobre los mismos.

El medio añadió que, frente a las presuntas irregularidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó la intención del Ejecutivo regional de personarse en la causa en cuanto fuese posible legalmente, remarcando que fue el propio Gobierno madrileño quien entregó toda la documentación pertinente a la Fiscalía a raíz de los indicios hallados en la gestión de obras y contratos en distintos institutos. Europa Press informó que una de las principales cuestiones bajo investigación es el posible fraccionamiento irregular de contratos para la ejecución de reformas en estos centros educativos.

La investigación continúa centrando su atención tanto en la actuación de los funcionarios involucrados como en las empresas contratadas, entre ellas Virelec, cuyo propietario desempeñó un papel clave al poner en conocimiento de las autoridades la situación tras no obtener respuesta a su demanda de pago. La instrucción judicial busca determinar la existencia, alcance y responsabilidad de las presuntas anomalías detectadas en el uso de fondos públicos asignados a obras en centros de Formación Profesional.

Durante las diligencias previas, la jueza ha recopilado el testimonio de las diferentes partes, incluyendo a asesores gubernamentales y equipos directivos de los institutos, conforme a la información recogida por Europa Press. Todos estos elementos se integran al sumario del denominado ‘caso FP’, que mantiene la atención en la posible implicación de altos cargos de la Consejería de Educación y de los sistemas de control y fiscalización aplicados en dichas inversiones educativas.