El Gobierno tramita una petición de indulto para García Ortiz y emplaza al Supremo a que emita informe

El Tribunal Supremo mantiene pendiente el incidente de nulidad promovido por Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, quien busca revertir su condena por revelación de secretos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha comenzado la tramitación de una petición de indulto en su favor, trasladando el caso al propio Supremo, que deberá emitir un informe sobre la solicitud. Según detalló el medio El País y confirmó Europa Press, esta iniciativa corresponde a la petición formalizada por dos particulares y ha seguido el procedimiento habitual que exige escuchar tanto al tribunal sentenciador como a la Fiscalía y a la parte agraviada.

El medio Europa Press informó que las gestiones para el indulto parten de particulares, opción permitida por la normativa, extendiéndose no solo a los propios condenados y sus familiares, sino también a cualquier otra persona interesada. Una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia la eleva al tribunal responsable de la sentencia, en este caso el Supremo, que debe pronunciarse mediante un informe no vinculante. Tras esa fase, corresponde al Consejo de Ministros deliberar y, si procede, proponer la concesión del indulto al Rey, quien sanciona la decisión vía real decreto y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Álvaro García Ortiz fue condenado en diciembre a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El fallo del Supremo lo responsabilizó de filtrar a la prensa información reservada sobre la situación procesal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. De acuerdo con lo que reportó Europa Press, la revelación incluyó el envío de un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador ofrecía la confesión de su cliente a cambio de evitar la prisión por dos delitos fiscales. El correo fue comunicado por primera vez a 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo del mismo año, incluyendo además la difusión posterior de una nota de prensa de la Fiscalía.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluyó por mayoría, con cinco votos a favor sobre siete, que la filtración se originó directamente desde el entorno de García Ortiz, o por él mismo, al considerar que tenía pleno conocimiento de los hechos. No obstante, dos magistradas expresaron mediante votos particulares una "discrepancia absoluta" frente a la condena. Tanto Susana Polo como Ana Ferrer rechazaron la contundencia de las pruebas, opinando que solo existían sospechas sin suficiente sustento y defendiendo la absolución del ex fiscal general.

En paralelo al proceso de indulto, García Ortiz también optó por presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, recurso que aún no se ha resuelto, defendiendo su inocencia y la integridad institucional de la Fiscalía ante el tribunal. Según consignó Europa Press, el ex fiscal insiste en la "credibilidad" de la institución que dirigía y argumenta la existencia de "ataques" que, según su planteamiento, han afectado su caso.

Estos pasos judiciales y administrativos se producen en un contexto de debate público sobre la revelación de información judicial y el acceso de los medios a los procedimientos en curso. La condena a García Ortiz provocó distintos pronunciamientos tanto en el ámbito judicial como político, especialmente porque la información afectaba a una figura próxima a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que ha incrementado el interés en la resolución final de los recursos y la petición de indulto.

El proceso de indulto, detallado por El País, requiere la participación del tribunal que dictó la sentencia, así como la consulta obligatoria a la Fiscalía y la parte perjudicada. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, no emite una opinión hasta recibir los informes pertinentes, mientras que la decisión última recae, tras el trámite del Consejo de Ministros, en sanción del jefe del Estado. Este procedimiento suele desarrollarse en paralelo a otros recursos judiciales mientras no exista una resolución definitiva.

La situación de García Ortiz permanece pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre el incidente de nulidad y del desarrollo administrativo del expediente de indulto, trámites que pueden modificar el alcance y duración de la inhabilitación que le fue impuesta en diciembre.