En el transcurso del proceso judicial que examina la gestión de la emergencia meteorológica conocida como “dana”, la magistrada encargada solicitó recientemente al jefe de seguridad de la Presidencia de la Generalitat que identificara, en un plazo de tres días, a los escoltas responsables de la protección de Carlos Mazón en la jornada objeto de investigación. Según detalló el medio, la jueza consideró imprescindible conocer si estos escoltas, así como el conductor que trabajó ese día para Mazón, “efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos”, haciendo referencia tanto al entonces presidente del Consell como a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien figura como una de las personas investigadas junto a su antiguo ‘número dos’, Emilio Argüeso.
El medio informó que la instrucción judicial que sigue la jueza de Catarroja en Valencia fija entre los días 17 y 20 de febrero las declaraciones de cinco testigos clave. Estos incluyen al subinspector que coordinaba el equipo de escoltas asignado a Carlos Mazón, tres técnicos adscritos al área de Emergencias y el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior. Según publicó el medio, todos ellos han sido llamados a comparecer en calidad de testigos ante el juzgado.
De acuerdo con la información difundida, la juez emitió una diligencia de ordenación este viernes, notificando el calendario de las citaciones. El lunes 16 de febrero se presentarán ante la jueza dos de los técnicos de Emergencias que ya han declarado anteriormente en sede judicial, a las 9:30 y 11:30 horas respectivamente. La ronda de declaraciones continuará el jueves 19 de febrero, a las 9:30 horas, con la comparecencia de Ricardo García, quien fue subsecretario de la Conselleria de Interior durante la emergencia meteorológica que motiva la causa. Ese mismo día, a las 11:30, acudirá un tercer técnico de Emergencias.
En la última jornada prevista, el viernes 20 de febrero, a las 11:30 horas, la jueza ha citado al subinspector jefe de los escoltas que protegieron al ‘expresident’ Mazón. Según consignó el medio, este conjunto de comparecencias busca esclarecer las actuaciones y comunicaciones que tuvieron lugar durante la gestión oficial de la emergencia, sobre las que la investigación pone el foco en torno a la actuación de las autoridades responsables.
El mes anterior, la jueza realizó diligencias dirigidas a determinar la identidad de los escoltas que operaron junto a Mazón, trámite que incluyó un requerimiento específico al jefe de seguridad de la Presidencia. Tal como publicó el medio, la magistrada busca mediante estos testimonios acotar si el entorno de protección personal pudo percibir o estar al tanto de conversaciones y llamadas relacionadas con las instrucciones dadas por el president de la Generalitat y la exresponsable de Justicia e Interior. En particular, la magistrada repara en la posible audiencia de los comentarios por parte de los escoltas y el conductor, lo que podría aportar información relevante a la causa.
Las actuaciones en curso forman parte de una investigación judicial más extensa, en la que el foco principal radica en las decisiones adoptadas durante la gestión de una crisis meteorológica excepcional. Tanto la exconsellera Salomé Pradas como Emilio Argüeso, quien fuera su segundo, permanecen bajo investigación en relación con el caso, aspecto recogido en los documentos judiciales y ampliamente replicado en la cobertura del medio. Las diligencias también pretenden determinar la cadena de llamadas y comunicaciones oficiales efectuadas durante los eventos bajo análisis, para esclarecer la responsabilidad y la coordinación interinstitucional.
A lo largo de estas comparecencias, se espera que los distintos testigos aporten detalles sobre la operativa coordinada desde el área de Emergencias y la Conselleria de Justicia e Interior, así como acerca de la participación y conocimiento de los responsables de seguridad personal de funcionarios de alto rango. Tal como enfatizó el medio, las respuestas obtenidas a través de estas declaraciones podrían resultar clave en el avance de las averiguaciones judiciales sobre lo sucedido durante la “dana”.
El procedimiento judicial prosigue mientras la jueza mantiene bajo escrutinio el papel que desempeñaron los responsables políticos y técnicos durante la gestión de la emergencia, analizando si existieron posibles deficiencias o irregularidades en la toma de decisiones y transmisión de información en los momentos críticos de la emergencia meteorológica.
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