Pozuelo defiende ante el juez el cierre del centro de inmigrantes por carecer de licencia

Pozuelo de Alarcón, 21 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha defendido ante un juzgado de Madrid el cierre definitivo del centro de inmigrantes gestionado por el Gobierno al considerar que no solo incumple la normativa municipal sino también la estatal al carecer de licencia adecuada y albergar a más del doble de personas autorizadas.

En las alegaciones presentadas contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para impedir el cierre decretado por el Consistorio, el ayuntamiento sostiene que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio ministerio.

Según el escrito municipal, esta situación supone un “riesgo cierto de hacinamiento”, al tiempo que recuerda que la licencia concedida en 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio del ayuntamiento, no se han cumplido.

El Consistorio señala además que la cesión del inmueble de la TGSS al Ministerio de Migraciones se produjo en marzo de 2022 de manera excepcional y vinculada a la emergencia derivada de la guerra en Ucrania, pero que en septiembre de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez convirtió el espacio en un centro permanente para solicitantes de asilo sin solicitar una nueva licencia y en contra del uso inicialmente previsto.

El Ayuntamiento de Pozuelo también advierte de que el Ejecutivo llegó a plantear la posibilidad de utilizar el centro para acoger a menores inmigrantes no acompañados, una opción que finalmente no se materializó tras la comunicación del consistorio a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.

Tras el vencimiento, el pasado sábado, del plazo fijado para el cierre, el ministerio que dirige Elma Saiz recurrió a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares, cuya resolución queda ahora en manos del juzgado.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha asegurado que el Gobierno “no solo ha incumplido la ley, sino que está empeñado en seguir haciéndolo”, y ha confiado en que la Justicia actúe ante una situación que ha calificado de “irresponsable”. EFE

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