Óscar R. Ventana
Valladolid, 21 ene (EFE).- Castilla y León se enfila ya hacia una nueva campaña electoral y, tras el anuncio de los comicios para el próximo 15 de marzo, se aprecian una serie de diferencias y también de semejanzas con la convocatoria electoral de febrero de 2022, que deparó el primer gobierno de coalición entre el PP y Vox en España.
En el caso de las diferencias, la ruptura frente al agotamiento de la legislatura, la variación de escaños que se disputarán -de 81 a 82-, el contexto de la política nacional, la ausencia del impacto de la crisis de la covid y los cambios de candidato son algunas de las que cuestiones que distinguen una y otra convocatoria electoral.
Y en cuanto a las semejanzas, con matices, las perspectivas electorales que anticipan las encuestas, el mantenimiento de un escenario fragmentado, el voto en solitario pese a la conexión con otros procesos electorales autonómicos, el periodo invernal y la ausencia de presupuestos aprobados son algunos de los asuntos que a continuación se detallan.
Las elecciones de 2022 fueron convocadas de forma anticipada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la ruptura del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, en un contexto de desconfianza y temor a una posible moción de censura. En cambio, en 2026 Mañueco ha optado por agotar la legislatura hasta el límite legal, pese a haber gobernado en minoría durante el último tramo del mandato tras la ruptura con Vox en julio de 2024.
En los comicios de 2026 se elegirán 82 procuradores, frente a los 81 de la legislatura anterior. Este incremento rompe la tendencia descendente iniciada en 2019 y se debe al aumento de población en la provincia de Segovia, que gana un representante. La cifra de 82 escaños solo se había dado anteriormente en la sexta legislatura (2007-2011).
En ambas convocatorias el PSOE gobierna en España, pero el contexto es distinto. En 2022 el PP estaba liderado por Pablo Casado, que se implicó activamente en la campaña autonómica de Mañueco. En 2026, aunque se mantiene el mensaje de confrontación con el Gobierno central, el desgaste del Ejecutivo socialista es mayor, especialmente por los casos de corrupción que marcan la agenda política nacional.
Las elecciones de 2022 estuvieron condicionadas por la salida de la pandemia de la covid, con efectos aún muy presentes en la sanidad, la economía y la gestión política, en plena fase inicial de recuperación y con la llegada de fondos europeos. En 2026, ese factor ha desaparecido y ha sido sustituido por un contexto internacional incierto, marcado por guerras y tensiones económicas globales, aunque con una economía que mantiene un crecimiento sostenido tanto en España como en Castilla y León.
La convocatoria de 2026 llega con novedades en las candidaturas. Repiten Alfonso Fernández Mañueco (PP), Ángel Ceña (Soria Ya) y Pedro Pascual (Por Ávila), pero hay cambios en el PSOE (Carlos Martínez), Vox (aún por decidir) y UPL (Alicia Gallego). Además, el espacio de la izquierda alternativa se reconfigura con acuerdos parciales entre IU, Sumar y Verdes, mientras sigue siendo incierta la presencia de Podemos, pero ya está confirmado que el cabeza de cartel será Juan Gascón (IU). También aparece el nuevo partido Nueve CyL, liderado por la exconsejera y expresidenta de las Cortes con el PP Silvia Clemente.
Las encuestas vuelven a dibujar un escenario similar al de 2022, con un PP condicionado por el crecimiento de Vox, lo que dificulta a Mañueco su aspiración de gobernar en solitario. El PSOE, por su parte, busca nuevamente a aprovechar la división del bloque de la derecha para situarse como fuerza más votada, como ya ocurrió en 2019.
Todo apunta a que Castilla y León mantendrá un parlamento muy fragmentado, con escasas opciones de mayorías absolutas y un número elevado de partidos con representación, que podría igualar o incluso superar los ocho presentes en la legislatura anterior.
Al igual que en 2022, Castilla y León volverá a votar sin coincidir plenamente con elecciones municipales o generales, como ocurrió en las décadas precedentes. Aunque los adelantos electorales en Extremadura y Aragón han cambiado el foco que sí tuvo en exclusiva hace cuatro años, comunidad mantiene su singularidad dentro del ciclo electoral y servirá de precedente para las andaluzas.
Las elecciones vuelven a celebrarse en invierno, un factor tradicionalmente asociado a una posible menor participación. No obstante, en esta ocasión la votación tendrá lugar ya a mediados de marzo, a las puertas de la primavera, lo que modera este condicionante.
Como en 2022, Castilla y León llega a las elecciones sin presupuestos autonómicos aprobados. Entonces fue por la ruptura del gobierno PP-Cs; ahora, por el rechazo unánime de la oposición al proyecto presentado por Mañueco.EFE
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