Miguel Martín Alonso
Almería, 16 ene (EFE).- El 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron durante una maniobra de repostaje y cayeron a tierra cuatro bombas termonucleares. Seis décadas después todavía no se han retirado los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada.
De las cuatro bombas termonucleares que cayeron del bombardero, dos permanecieron intactas, pero otras dos, al impactar contra el suelo, liberaron su carga convencional y esparcieron nueve kilos de plutonio y americio por la zona.
Lo que en 1966 se intentó cerrar en falso con el icónico baño del ministro Manuel Fraga y el embajador Angier Biddle Duke para salvar la temporada turística, llega a 2026 como una herida abierta de la Guerra Fría y en un laberinto de "diplomacia radiactiva" que no ha logrado mover ni un gramo de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada que aún permanecen en España.
La historia diplomática de Palomares es una sucesión de hitos mediáticos seguidos de silencios administrativos. El último gran momento de esperanza se vivió en mayo de 2023, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó al presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. De aquel encuentro en el Despacho Oval salió el mandato de que los "equipos técnicos" de ambos países se reunieran "cuanto antes" para ejecutar la limpieza.
Sin embargo, casi tres años después de aquel apretón de manos no existe un calendario vinculante ni una fecha de inicio. La prometida reactivación de los grupos de trabajo no ha cristalizado en el traslado de tierras a Estados Unidos.
El problema de fondo sigue siendo el mismo que en 2015, cuando el entonces ministro José Manuel García-Margallo, del PP, y el secretario de Estado John Kerry firmaron una declaración de intenciones en Madrid: los acuerdos no tienen fuerza jurídica obligatoria.
Aquel pacto, que hablaba de "reparar un error", quedó en papel mojado tras la llegada de Donald Trump al poder, demostrando la fragilidad de depender de la "buena voluntad" de la administración de turno en Washington.
Estados Unidos reconoce su responsabilidad, aunque la gestiona con sus propios tiempos. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) del Gobierno estadounidense, fechado en febrero de 2024, admitía explícitamente que la ayuda norteamericana es "vital" para solucionar el problema.
El documento reconocía que España carece de las instalaciones necesarias para almacenar de forma definitiva los residuos transuránidos de vida muy larga (plutonio-239 y americio-241), por lo que la única salida viable es su traslado al desierto de Nevada.
A pesar de este reconocimiento, la tierra sigue confinada tras vallas oxidadas que delimitan las zonas de exclusión, unas 40 hectáreas repartidas en varias zonas (denominadas zona 2, 3 y 6, y la zona 2-bis). Mientras la diplomacia se estanca, la realidad física del problema se agrava o se complica: el americio, producto de la desintegración del plutonio, gana presencia con el paso de los años, manteniendo vivo el riesgo radiológico.
El hastío ante la falta de soluciones políticas ha empujado el caso definitivamente a los tribunales. La Audiencia Nacional admitió a trámite en enero de 2025 el recurso contencioso-administrativo de Ecologistas en Acción contra el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
El colectivo ecologista exige que, si no hay acuerdo con EE. UU., el Gobierno español fije un plazo unilateral para descontaminar la zona y almacene temporalmente los residuos en un lugar seguro.
Paralelamente, el caso ha llegado a Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admitió también a trámite -aunque luego se declaró no competente- la demanda que acusa al Estado español de haber permitido un "laboratorio a cielo abierto", sometiendo a los vecinos a décadas de vigilancia médica (Proyecto Índalo) sin eliminar la fuente de riesgo, tratándolos, según la denuncia, como "cobayas" para estudiar los efectos de la radiación crónica a bajas dosis.
Mientras los diplomáticos negocian y los jueces deliberan, Palomares intenta seguir con su vida. A finales de 2025, la aprobación ambiental para construir 1.600 viviendas en el sector PA-4, colindante con las zonas contaminadas, reactivó las alarmas sobre el riesgo de remover partículas radiactivas con los movimientos de tierra.
Una paradoja que resume la situación actual: un pueblo que quiere crecer y pasar página, pero que sigue atado a una herencia nuclear que nadie, en 60 años, ha venido a recoger. EFE
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(foto)(vídeo)
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