Las recientes comparecencias de altos cargos del Gobierno en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso se han producido después de que durante tres años el Ejecutivo no proporcionara información sobre el manejo de los fondos reservados ante la Cámara, según publicó el medio original. Margarita Robles, ministra de Defensa, fue una de las responsables que asistió a la comisión, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, desplazados entre los meses de octubre y diciembre para ofrecer detalles ante los diputados conforme a lo consignado por la fuente.
La titular de Defensa acudió específicamente este jueves a la comisión encargada de controlar los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como comisión de Secretos Oficiales. Durante una sesión que se prolongó durante cerca de una hora y que se realizó a puerta cerrada, Robles informó sobre el gasto de recursos confidenciales correspondientes tanto al Ministerio de Defensa como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información proporcionada por la fuente. Esta cita formó parte de la continuación de una intervención anterior ofrecida a principios de diciembre, la cual se cerró sin agotar el turno de palabra debido a limitaciones de tiempo.
El PSOE, en alianza con ERC y Junts, pactó al inicio de la legislatura la creación de varias comisiones de investigación, entre ellas la que explora los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 y la conocida como 'Operación Cataluña'. Estos acuerdos respondieron al apoyo brindado por ambas formaciones catalanas a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, según reportó la fuente original.
En este contexto, la presencia de Robles ante la comisión resultó de una solicitud de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), realizada casi un año atrás. El partido catalán reclamó explicaciones sobre las informaciones surgidas tras la desclasificación de documentos que apuntan a contactos entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, identificado como el cerebro de los atentados de 2017 en Cataluña. La fuente detalló que el Congreso mantiene abierta una investigación formal sobre estos hechos, en específico sobre el papel del imán fallecido y su relación con los servicios de inteligencia.
Durante la reunión, la ministra también abordó la gestión de los fondos reservados asignados a su departamento en respuesta a una iniciativa del Partido Popular, que había solicitado su comparecencia en octubre para esclarecer este asunto. Poco después, la propia Robles planteó de manera voluntaria su disposición a acudir a la Cámara, según explicó el medio.
El trabajo de la comisión de Secretos Oficiales ha estado marcado por largos periodos de inactividad. Desde junio pasado, no se registraron nuevas comparecencias hasta después del verano, cuando los miembros se reunieron nuevamente a puerta cerrada para abordar nuevas demandas de Junts relativas a desclasificaciones, además de reiterar requerimientos anteriores que quedaban pendientes. Durante este tiempo, la comisión insistió en obtener más información sobre documentos confidenciales vinculados no solo a los atentados de Cataluña, sino también a otras investigaciones, como explicó la fuente.
La comparecencia de Robles ocurre mientras el Congreso intensifica los controles y revisiones sobre la asignación y justificación de los gastos reservados de la administración central, y en concreto sobre la actuación de los organismos de inteligencia. Según publicó la fuente original, la solicitud de aclaraciones sobre los contactos previos entre el CNI y Es Satty se enmarca en un esfuerzo por dilucidar posibles conexiones y responsabilidades relacionadas con los ataques de 2017, objeto de gran atención mediática y política.
A lo largo del año legislativo, los debates y peticiones relacionados con los fondos reservados y la transparencia en el uso de esos recursos han generado una presión sostenida sobre el Gobierno. Robles, al comparecer este jueves, continuó un esfuerzo por regularizar la rendición de cuentas en esta materia y dar respuesta a las preocupaciones planteadas tanto por grupos parlamentarios como por la opinión pública, concluyó la fuente.
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