
El proceso que enfrenta el excomisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional por su intervención en el conflicto entre el empresario Javier López Madrid y la dermatóloga Elisa Pinto incluyó declaraciones sobre la existencia de grabaciones, en las que Villarejo sostuvo que su participación se limitó a escuchar y aconsejar al empresario, negando el cobro de cualquier cantidad por sus servicios, según consignó Europa Press. Villarejo relató ante el tribunal que López Madrid lo utilizó “como psiquiatra y se ahorró los honorarios”, asegurando que su rol estuvo circunscrito a un apoyo personal y no a una actuación profesional remunerada ni a la ejecución de servicios de intervención en procedimientos legales.
Según publicó Europa Press, Villarejo explicó que conoció a López Madrid en el verano de 2013 tras ser presentado por un empresario con quien compartía planta en el grupo empresarial CENYT. En esa época, ese contacto le comunicó que tenía un amigo atravesando un problema personal. Villarejo describió la situación como típica de una relación sentimental terminada en la que una de las partes no aceptaba la ruptura y afirmó no haber influido en procedimientos judiciales ni haber actuado siguiendo indicaciones o intereses del empresario.
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Al ser consultado por su abogado, Villarejo negó haber percibido retribución alguna por su implicación en la disputa, además de rechazar haber entregado a López Madrid algún documento profesional con los servicios que podía proporcionar a través de la empresa CENYT, según reportó Europa Press. El excomisario relató que en las conversaciones entre ambos predominaban las inquietudes personales y que, por insistencia de López Madrid, accedió a aconsejarle sobre dos opciones: denunciar a la doctora Pinto o retomar la relación. En palabras de Villarejo, el empresario tenía temor a que sus vínculos personales se hicieran públicos, por lo que pidió su apoyo y discreción sobre la situación.
Durante la exposición de hechos, el excomisario hizo referencia a un episodio grabado en el que comentaba que López Madrid era “un tipo muy pesado” y reiteró que su intervención fue exclusivamente de acompañamiento emocional. Respecto a la visita a la consulta de la doctora Pinto, Villarejo afirmó que recomendó a López Madrid no acudir solo, sugiriendo que fuera acompañado de un testigo y precisando que Rafael Redondo, su socio, asumió ese rol de testigo por coincidencia, al encontrarse ese día en su despacho.
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Rafael Redondo, quien también está acusado en el proceso y solo respondió a preguntas de su abogado, corroboró que acompañó a López Madrid a la consulta de Pinto por petición de Villarejo y únicamente como testigo de la reunión, según detalló Europa Press. Redondo insistió en que no realizó contrato alguno con la empresa CENYT ni abonó suma alguna en concepto de honorarios por su presencia en ese encuentro.
Ante la exhibición del escrito de acusación presentado por la abogada de Elisa Pinto, donde figura que Villarejo habría mencionado una reclamación de dinero a López Madrid, el excomisario matizó que esa afirmación tuvo lugar en un contexto informal y como manifestación espontánea de su molestia ante el conflicto. “Dije ‘oiga, tiene narices el lío en el que me ha metido este sujeto por una relación que tenía con esta señora’”, declaró Villarejo ante el tribunal, señalando que si hubiese cobrado por el encargo no habría solicitado daños y perjuicios, dado que esa reclamación tenía carácter de desahogo personal y no respondía a una actividad profesional remunerada.
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Por su parte, la doctora Elisa Pinto sostuvo bajo juramento que López Madrid contrató a Villarejo por su experiencia generando coartadas y como posible medio para evitar consecuencias legales derivadas de denuncias por presuntas amenazas, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Pinto declaró que el empresario mantenía comunicación constante y no deseada con ella mediante llamadas, mensajes y visitas, y que en una conexión telefónica López Madrid le habría comentado que había contratado a un comisario “experto en hacer coartadas” capaz de “sepultar” cualquier denuncia que pudiera interponer. Pinto manifestó sentir que el poder del empresario, así como sus contactos en entornos hospitalarios y entre sus pacientes, la situaban en una posición vulnerable e intimidante.
El escrito de la acusación particular solicita seis años de prisión para Villarejo y López Madrid, acusándolos de un delito de cohecho, y cuatro años para Redondo como presunto cómplice, según figura en el documento al que tuvo acceso Europa Press. La Fiscalía, en contraste, decidió no presentar acusación formal y se mostró favorable a la absolución de los implicados, reportó el citado medio.
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Se prevé que el proceso judicial se prolongue con una nueva sesión programada para el próximo martes, cuando las partes expondrán sus informes finales y las argumentaciones conclusivas, según Europa Press. La causa involucra acusaciones cruzadas sobre la utilización de influencias, la intervención de exmiembros de la Policía en conflictos privados y la frontera entre el asesoramiento personal y la eventual comisión de delitos en el entorno de altos ejecutivos y figuras públicas.
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