Un juzgado investiga presuntos delitos en contratos del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante la pandemia

En base a un documento llamado ‘Informes definitivos de cumplimiento’ emitido en septiembre de 2022 y mayo de 2024 por la Intervención Provincial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene que se produjeron graves irregularidades y posibles delitos en los contratos de compras y suministros gestionados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía durante los años críticos de la pandemia de Covid-19. Según detalló Europa Press, esta documentación fue uno de los elementos determinantes en la querella interpuesta por el PSOE el 30 de octubre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, presidido por el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, quien ha ordenado la apertura de diligencias previas y la práctica de varias acciones de investigación.

Europa Press informó que las indagaciones abarcan los ejercicios presupuestarios de 2020 y 2021, coincidiendo con el periodo de emergencia sanitaria por coronavirus. La denuncia presentada señala directamente a la entonces responsable de la plataforma logística y directora del hospital, Valle García, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, atribuyéndole presuntas actuaciones ilícitas en materia de contratación pública en su gestión al frente del Hospital Universitario Reina Sofía.

El auto judicial indica que la querella presentada por el PSOE hace referencia a la supuesta utilización injustificada de la figura de la contratación menor y de la prórroga de contratos preexistentes, mecanismos que habrían sido empleados para eludir los procedimientos ordinarios de contratación. Estas prácticas, de acuerdo con la acusación, podrían haber vulnerado los principios de competitividad y transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la sanidad andaluza, tal como reportó Europa Press.

Según el mismo medio, la parte querellante considera que estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude en la contratación pública y pertenencia a organización criminal. En su auto, el magistrado especifica que las actuaciones judiciales responderán de momento a una investigación preliminar para determinar la existencia de fundamentos que justifiquen la continuación del procedimiento penal.

Entre las primeras medidas ordenadas por el juez Rodríguez Lainz figura el requerimiento al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba para que proporcione copias íntegras de los expedientes de contratación administrativa vinculados a la causa, así como los informes elaborados por la Intervención Provincial referentes a cada uno de estos expedientes y cualquier alegación o justificación presentada durante su tramitación, consignó Europa Press.

El juez también ha solicitado al Servicio Jurídico del SAS un informe detallado sobre la normativa aplicable general o específica –emitida por la dirección u órganos superiores– relacionada con la tramitación de los expedientes investigados, la justificación del recurso a la contratación menor o de emergencia, y la temporalidad exacta en la que tales normas estuvieron vigentes durante los años 2020 y 2021. Este análisis pretende esclarecer si las medidas adoptadas por la dirección del hospital se ajustaron a la legalidad en el contexto excepcional de la pandemia, de acuerdo con lo comunicado por Europa Press.

Otra de las diligencias reclamadas consiste en identificar al personal técnico encargado de tramitar y supervisar estos expedientes, tanto en su fase previa como posteriormente, así como a quienes tenían capacidad de decisión en la propuesta de resolución y en la toma de decisiones finales. Se pide, además, la clarificación de los criterios utilizados para seleccionar posibles licitadores en los procesos de contratación menor o de urgencia y de los procedimientos implementados para garantizar la concurrencia competitiva en estas contrataciones, publicó Europa Press.

El auto del magistrado recoge que, tras conocerse el informe del Ministerio Fiscal sobre si corresponde la tramitación conjunta de determinadas actuaciones y según el resultado de las investigaciones anteriormente mencionadas, se valorará la conveniencia de abrir piezas separadas dentro del proceso judicial para facilitar el trámite de la causa. Paralelamente, el tribunal ha notificado la resolución a las partes involucradas y al Ministerio Fiscal, informándoles sobre los plazos para la presentación de eventuales recursos de reforma (tres días) y de apelación (cinco días), según las condiciones fijadas judicialmente, subrayó Europa Press.