El documento de la última reunión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional muestra la comunicación formal del Colegio de Abogados de Madrid sobre la renuncia de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) a seguir prestando servicios en el turno de oficio en el tribunal, argumentando motivos económicos y materiales como detonantes de su decisión. Según informó la Audiencia Nacional, este anuncio genera inquietud por su potencial impacto negativo en el funcionamiento de la justicia, en particular en lo que respecta a la atención de los ciudadanos que dependen del acceso gratuito a la defensa judicial.
Tal como publicó el medio, ALTODO lanzó en diciembre un llamamiento para que los abogados de oficio renunciasen de manera masiva en la Audiencia Nacional hasta que se asegure una compensación económica adecuada y proporcional a las responsabilidades asumidas por estos profesionales. En un comunicado, la asociación expuso que existen numerosos procedimientos judiciales, incluyendo ejecuciones de sentencia, extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega, que no reciben remuneración alguna. Alegan que la situación se debe a que muchos expedientes de justicia gratuita se archivan y, como consecuencia, los letrados no perciben compensación económica “a pesar de tratarse de procedimientos complejos y de alta especialización”, según palabras difundidas por ALTODO y consignadas por la Audiencia Nacional.
El órgano colegiado también recogió el reclamo de la asociación sobre la insuficiencia de los baremos establecidos por el Ministerio de Justicia, cifrados en 170,25 euros por cada 24 horas de guardia, de acuerdo con la última orden ministerial vigente. ALTODO sostiene que estos montos no cubren los costes reales asociados a la prestación del servicio, hecho que, según reportó la Audiencia Nacional, provoca que el turno de oficio funcione en condiciones que la agrupación califica de “insostenibles”.
La organización también subrayó que el servicio de asistencia de oficio, aunque constitutivamente irrenunciable para los ciudadanos, opera sobre una abogacía sometida a la precariedad laboral y, en ocasiones, sin remuneración alguna. La presidenta de ALTODO, África Calleja, advirtió sobre la incapacidad de los profesionales para sostener este servicio público esencial mientras se les exige aceptar sacrificios personales y financieros, puntualizando que “defender a quien no tiene recursos no puede significar trabajar gratis o por debajo de nuestros propios costes”, y defendió la llamada a la renuncia masiva como un acto de dignidad profesional y compromiso con el sistema judicial. “Sin abogados dignamente retribuidos, no hay derecho de defensa real”, afirmó Calleja según recogió la nota difundida por ALTODO y el medio.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, manifestó su respaldo a la posición de ALTODO y destacó el papel de los abogados de oficio como “un pilar del Estado de Derecho”, informó la Audiencia Nacional. Ambas entidades coinciden en destacar la relevancia de una retribución justa para quienes prestan servicios fundamentales en el ámbito de la justicia gratuita.
Las asociaciones del sector han insistido en que la acumulación de funciones no remuneradas y la insuficiencia de los baremos estatales ponen en riesgo no solo la viabilidad del turno de oficio, sino también la efectividad del acceso a la defensa judicial, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad económica. De acuerdo con la información divulgada en el acta, la Audiencia Nacional permanece atenta a la evolución del conflicto, dada la repercusión directa que puede tener sobre el funcionamiento regular del tribunal y sobre el acceso a la justicia para amplios sectores de la ciudadanía.
El registro oficial de la reunión y las declaraciones recogidas en el informe de la Audiencia Nacional constituyen, según ALTODO, una muestra de una problemática que afecta a la totalidad del sistema de justicia gratuita en España. La asociación reitera que el mantenimiento de la calidad en la atención a los más desfavorecidos exige que se establezcan condiciones laborales y económicas que eviten la precarización del sector y garanticen el derecho fundamental a la defensa para todos los ciudadanos.
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