Juzgan este lunes al acusado de matar a su expareja en Nohales (Cuenca) para quien piden 40 años de cárcel

El escrito de acusación al que accedió Europa Press señala que las indemnizaciones civiles que se reclaman al acusado superan los 500.000 euros, en el contexto del proceso judicial que se desarrollará en la Audiencia Provincial de Cuenca a partir del lunes 12 de enero. Según detalló Europa Press, la Fiscalía solicita penas que, en conjunto, pueden sumar hasta 40 años de prisión por los delitos de asesinato con agravantes, tentativa de asesinato, quebrantamiento de orden de alejamiento y allanamiento de morada, en el caso del asesinato de V.C.A.S. en abril de 2022 en Nohales.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando la víctima, V.C.A.S., puso fin a una relación matrimonial de más de trece años con el acusado, C.B.R., con quien tenía dos hijos. Mientras el proceso de divorcio avanzaba, se acordó que la madre y los menores permanecerían en el domicilio familiar durante la semana, mientras que los fines de semana los niños quedaban al cuidado del padre y la madre salía de la vivienda. Según consignó Europa Press, parte de ese tiempo, V.C.A.S. lo pasaba en una casa perteneciente a una amiga en Nohales, un sitio que el acusado conocía.

El medio Europa Press reportó que tras la ruptura de la pareja, C.B.R. mantenía una actitud insistente, llamando de manera continuada a su expareja, realizando vigilancias en su domicilio y en su lugar de trabajo, y exigiéndole atención bajo el argumento de que seguía siendo su esposa. El escrito de la Fiscalía, citado por Europa Press, recoge también amenazas de suicidio por parte del acusado en caso de no recibir cuidados por parte de la víctima.

Europa Press añadió que, en una ocasión mientras se encontraba en el domicilio familiar durante el fin de semana, el acusado se apropió del llavero que contenía siete llaves de la vivienda de Nohales y realizó una copia con el objetivo de acceder a esa casa. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2021, V.C.A.S. presentó una denuncia por malos tratos y amenazas ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca, lo cual derivó en la imposición de medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación a C.B.R., fijando una distancia mínima de 200 metros entre él y la denunciante.

Según recogió Europa Press, dichas medidas seguían vigentes en la noche del 4 de abril de 2022, cuando el acusado, sabiendo que su expareja se encontraba en la vivienda de Nohales, fue hasta el lugar alrededor de las 23:00. Utilizó las llaves de acceso que había conseguido previamente y desde las ventanas observó el interior, donde se encontraban V.C.A.S. y un amigo de ella, identificado como M.C.M.

En la cronología divulgada por Europa Press, la Fiscalía sostiene que, bajo la creencia de que V.C.A.S. le pertenecía, el acusado decidió atacar. Se dirigió primero al domicilio de su madre, donde recogió un cuchillo de grandes dimensiones y comunicó tanto a su madre como a su hermana que había visto a la víctima con otro hombre y que iba a matarla. Tras esto, volvió a la vivienda de Nohales, accedió usando las llaves y, entrando a la sala oscura, atacó de forma repentina a ambos presentes.

Europa Press detalló que C.B.R. profirió amenazas de muerte durante el ataque y que propinó varias cuchilladas. M.C.M. recibió siete heridas antes de poder escapar y pedir socorro. V.C.A.S., según el escrito fiscal recogido por Europa Press, sufrió ocho puñaladas que la llevaron a desplomarse, y, tras constatar que aún continuaba con vida, el agresor le infligió una última herida mortal.

El fiscal describe estos hechos como constitutivos de un delito de asesinato agravado por parentesco y razones de género, por el cual solicita una condena de 25 años de prisión y la prohibición de acercamiento a los hijos durante 35 años. Además, se suma la acusación por tentativa de asesinato contra M.C.M., que podría acarrear una pena de 12 años de cárcel y la prohibición de aproximación a este superviviente.

Según Europa Press, el Ministerio Fiscal reclama un año de prisión adicional por quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento y dos años más por allanamiento de morada. Las responsabilidades civiles se cuantifican en más de 500.000 euros, y el proceso judicial podría extenderse hasta el 16 de enero, según el calendario previsto para la celebración del juicio.