Urtasun reclama concretar en el modelo de financiación un suelo fiscal contra el 'dumping'

El portavoz de Sumar insiste en establecer límites que impidan ventajas fiscales desleales entre regiones, subrayando la necesidad de proteger los recursos destinados a servicios públicos e impedir que sean usados para suprimir tributos sobre grandes patrimonios

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Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, advirtió que el Gobierno no permitirá que las comunidades autónomas empleen los fondos adicionales del nuevo sistema de financiación para eliminar impuestos que gravan a los grandes patrimonios. Según informó la prensa desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, Urtasun remarcó la importancia de establecer en el próximo modelo financiero un suelo fiscal que combata las prácticas conocidas como ‘dumping’ fiscal, especialmente en lo relativo a los tributos sobre la riqueza, y subrayó que “no podemos volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para eliminar impuestos a los más ricos”.

En declaraciones recogidas por los medios de comunicación, Urtasun señaló que el Ejecutivo implementó el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas con el objetivo de impedir la supresión del impuesto de patrimonio en determinadas comunidades autónomas. Además, advirtió al Partido Popular que el Gobierno central observa de cerca el uso de estos recursos y no aceptará que se destinen a la supresión de tributos dirigidos a las rentas más altas.

El medio detalló que Urtasun aludió directamente a la situación de Catalunya, que, según apuntó, ha sufrido la competencia fiscal de otras autonomías gobernadas por el PP. Explicó que dichas regiones han eliminado sistemáticamente impuestos como el de patrimonio, sucesiones y donaciones, generando un desequilibrio que, en su opinión, perjudica a territorios como Catalunya.

Urtasun valoró de manera positiva el acuerdo alcanzado en torno al nuevo sistema de financiación autonómica. A juicio del ministro, este avance resultará favorable tanto para Catalunya como para el resto de comunidades, al corregir la infrafinanciación que venía afrontando la Generalitat de Catalunya. Sostuvo que mejorar la financiación autonómica repercutirá en la calidad de los servicios públicos, beneficiando a la ciudadanía en su conjunto.

El portavoz de Sumar también destacó que la propuesta facilitará una mayor autonomía fiscal y soberanía fiscal a las comunidades autónomas, de manera que puedan gestionar de forma más eficaz sus competencias. Dentro del nuevo modelo, Urtasun resaltó la existencia de mecanismos de solidaridad entre los territorios para corregir las desigualdades de renta, fomentando un reparto más equitativo de los recursos.

Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, precisó que el modelo aprobado mantiene el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya. Este principio implica que las comunidades que más aportan al sistema común sean igualmente las que experimentan una mayor recepción de recursos. Según consignó la prensa, Montero puso en valor que el nuevo esquema respete esta proporcionalidad, en respuesta a una demanda histórica de la Generalitat de Catalunya y de otros territorios que reclaman mayor correlación entre sus aportaciones y los fondos que reciben.

La posición expresada por Urtasun evidencia la tensión persistente en torno al uso de los fondos autonómicos y la política fiscal en España. El ministro insistió en la necesidad de incluir, dentro del acuerdo de financiación, limitaciones claras que eviten ventajas fiscales desleales entre autonomías y protejan los fondos destinados a servicios públicos esenciales. De este modo, reiteró que establecer límites al uso de los recursos es fundamental para impedir que se supriman tributos sobre los grandes patrimonios, lo cual, según subrayó el portavoz, afectaría la igualdad entre territorios.

De acuerdo con lo publicado, el debate sobre la reforma del sistema de financiación se encuentra en un momento clave, ya que la definición de modelos fiscales y de reparto incide tanto en las competencias autonómicas como en la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos en las distintas regiones del país.