
El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava determinó que los dos policías locales involucrados asumieron riesgos significativos para la integridad física del adolescente durante la intervención, a pesar de carecer de información sobre la edad del joven en el momento de los hechos. De acuerdo con la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, la actuación de los agentes derivó en lesiones físicas y daños psicológicos al menor, consecuencia de la utilización de una fuerza calificada como excesiva y desproporcionada para proceder a su detención en una zona peatonal.
Según consignó Europa Press, los hechos se remontan a la tarde del 6 de marzo de 2023, cuando, en el marco de labores rutinarias de seguridad ciudadana, los dos agentes, que patrullaban uniformados, indicaron a un joven que detuviera su marcha con la voz y el uso de la bocina, ya que circulaba en un patinete eléctrico por una área restringida para peatones en Vitoria-Gasteiz. El adolescente, de 16 años, ignoró estos requerimientos y trató de alejarse mediante una huida a gran velocidad a bordo del patinete, lo que desencadenó una persecución en motocicletas por parte de los policías.
El relato recogido por Europa Press detalla que, tras interceptar al joven, los policías ejecutaron una maniobra de placaje con notable brusquedad. El menor fue derribado boca arriba sobre un área ajardinada, siendo sujetado por los hombros y la cintura, y posteriormente inmovilizado boca abajo para la colocación de las esposas. Durante este proceso, ambos agentes presionaron con fuerza diversas partes del cuerpo del adolescente utilizando tanto sus brazos como rodillas, mientras la víctima pedía ayuda a gritos.
El resultado de este procedimiento fue la aparición en el menor de múltiples lesiones: dolor y edema en el puente nasal, molestias en el hueso malar y en la arcada dental superior derecha sin fractura ni desplazamiento dental, erosiones superficiales en muñecas, dolor en área testicular derecha, lesión muscular en el muslo derecho y fractura de los huesos propios de la nariz. Según especificó Europa Press, además de las secuelas físicas, el menor sufrió episodios de ansiedad, miedo y otros trastornos psicológicos persistentes a lo largo de varios meses.
El análisis de la Audiencia de Álava, reflejado en la sentencia revisada por Europa Press, concluyó que tras descender del patinete el adolescente detuvo la huida y no se registró intento alguno de escapar nuevamente, agredir a los agentes u oponer resistencia con fuerza física mientras permanecía en el suelo. Los magistrados consideraron que las pruebas presentadas justifican el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de los policías para lograr la reducción del joven, acción que pudo preverse como lesiva y derivó en las lesiones sufridas, especialmente la fractura nasal.
Como consecuencia, ambos agentes fueron hallados responsables penalmente por el delito de lesiones, recibiendo cada uno una sanción económica de cuatro meses de multa, fijada en una cuota diaria de quince euros. En caso de impago, se determino una responsabilidad personal subsidiaria que implica un día de privación de libertad cada dos cuotas no abonadas. Europa Press también reportó que los dos policías quedaron absueltos respecto a los delitos de trato degradante y tortura, cargos también formulados durante el proceso.
Además de las sanciones penales, la Audiencia impuso la obligación a ambos agentes —de manera conjunta y solidaria— de indemnizar al menor con la suma de 4.380 euros, cantidad que estará acompañada de los intereses correspondientes. En el aspecto civil, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue condenado como responsable civil subsidiario ante cualquier falta de cumplimiento por parte de los agentes condenados, según destacó el reporte de Europa Press.
La resolución judicial resalta que esta actuación policial no obedeció a una resistencia activa y violenta por parte del adolescente después de abandonar el patinete, dado que no se demostró ni tentativa de nueva fuga ni actitud agresiva hacia los funcionarios. La investigación judicial precisó que la fuerza homologada por los agentes superó la respuesta proporcional esperada y razonable bajo las circunstancias descritas.
De este modo, el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Álava introduce obligaciones económicas para los funcionarios y el Ayuntamiento, estableciendo responsabilidades derivadas de acciones policiales que excedieron los límites de la intervención permitida frente a un menor de edad, según recogió Europa Press.


