Aldama reconoce delitos ante el juicio de las mascarillas pero pide al TS que rebaje la petición de la Fiscalía

La defensa de Víctor de Aldama, principal implicado en el denominado caso Koldo, sostiene que la cooperación activa del empresario con la justicia permitió ampliar las pesquisas judiciales y esclarecer la participación de otros procesados en las presuntas irregularidades asociadas a la compra de material sanitario durante la pandemia. En su escrito remitido al Tribunal Supremo, Aldama destaca que puso a disposición de las autoridades escritos, pruebas documentales y testimonios directos que sirvieron, según la defensa, para arrojar luz sobre el alcance de la trama y delimitar las responsabilidades de los distintos acusados, incluidos el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

Según consignó Europa Press, el empresario se declaró culpable de los cargos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada ante el inicio del juicio. Estas confesiones se producen de cara al proceso por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de mascarillas desde el Ministerio de Transportes. Aldama solicita al Tribunal Supremo que considere una atenuante mayor en su caso, y que no se le impongan los 7 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, alegando que su colaboración ha sido proactiva y determinante para el avance de la investigación judicial.

El medio Europa Press detalló que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su acusación sobre la base de que Aldama cometió un delito de pertenencia a organización criminal, otro de cohecho pasivo —por haber aceptado pagos indebidos— y uno más de aprovechamiento de información privilegiada. No obstante, la Fiscalía ha hecho notar que la confesión del empresario ha sido considerada en la petición de condena, que es inferior a las penas solicitadas para los otros dos procesados, Ábalos y García. En su escrito de acusación, la Fiscalía subraya que Aldama admitió de forma inequívoca su implicación, lo que se considera relevante para el esclarecimiento judicial.

Aldama, en su declaración, asumió el relato factual de la Fiscalía. Reconoció que los contratos adjudicados a su empresa, Soluciones de Gestión, por distintas administraciones públicas, se concretaron gracias a su vínculo con Ábalos y García. Explicó que a través de otras sociedades facturó comisiones que ascendieron globalmente a 6.676.046,08 euros. Añadió además que se acordó abonar comisiones a Ábalos y García, conocidas las identidades de ambos en la causa: dos millones de euros para el exministro y quinientos mil euros para su exasesor.

En el reparto de esas comisiones, Aldama sostuvo, según el escrito al que accedió Europa Press, que aproximadamente la mitad de los pagos obtenidos por él sería distribuida a Ábalos y a García, obedeciendo así a la solicitud concreta de cada uno por su participación en las gestiones que facilitaron la adjudicación de contratos de material sanitario en el contexto de la emergencia sanitaria.

El proceso penal está respaldado por pruebas y confesiones incluidas en el sumario. La defensa de Aldama ha presentado al Tribunal Supremo la petición de que se cite como testigos a varias personas clave para el esclarecimiento de los hechos. Entre estas figuran Juan Carlos Cueto, presunto comisionista también implicado en el caso Koldo, y Claudio Rivas, señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como presunto cabecilla en otra trama relacionada con hidrocarburos y la empresa Villafuel. Además, la lista de testigos propuesta por Aldama incluye a miembros del entorno familiar y personal tanto de Ábalos como de García: del lado del exministro, su hijo y dos mujeres identificadas como Jésica Rodríguez y Claudia Montes; y de García, su expareja y su hermano.

Tal como publicó Europa Press, el empresario incluyó además en la relación de testigos a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que está imputada en la causa, al presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y al ex consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo.

Las peticiones de pena difieren entre las partes. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama. Las acusaciones populares, cuyos representantes principales pertenecen al Partido Popular, han solicitado 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor, reclamando en el caso de Aldama la misma pena que la Fiscalía Anticorrupción.

En el documento presentado ante el Tribunal Supremo, la defensa de Aldama subraya que la implicación voluntaria y temprana del empresario permitió dinamizar las indagaciones y sumar material probatorio que, a su juicio, resultó esencial para el desarrollo del caso. El propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, puntualizó, según recogió Europa Press, que la confesión de Aldama presentó manifestaciones relevantes y veraces, en coherencia con las pruebas acumuladas. Luzón enfatizó que no se trató de una declaración auto exculpatoria, sino de una admisión sincera donde el empresario reconocía haber alcanzado acuerdos con los otros dos acusados, lo que le permitía velar por sus propios intereses ante la administración y asumir la responsabilidad por los delitos cometidos.

El caso Koldo, así conocido por la implicación del exasesor del ministro, concentra diversas piezas que conectan la licitación de contratos públicos durante la pandemia con una red de supuestas comisiones ilícitas y el uso de información privilegiada. Según las confesiones y documentos presentados, la empresa Soluciones de Gestión figuró como el eje a través del cual se canalizaron los contratos y el reparto de comisiones. Europa Press indicó que la defensa de Aldama insiste en que su cooperación activa se tradujo no solo en declaraciones, sino en la entrega de soportes documentales que facilitaron nuevas líneas de investigación y la profundización en los pagos efectuados entre sociedades y particulares vinculados a la trama.

A medida que el juicio avanza en su tramitación en el Tribunal Supremo, los equipos jurídicos exploran diversas estrategias para la atenuación o agravamiento de las responsabilidades. La petición de atenuante “muy cualificada” forma parte de la estrategia de Aldama para reducir la condena solicitada e insiste en su papel como colaborador desde las primeras etapas del proceso. La causa sigue abierta, con relevancia para la opinión pública y múltiples actores del sector público y empresarial llamados a declarar ante el alto tribunal, según el desarrollo del proceso consignado por Europa Press.