La defensa de Víctor de Aldama, uno de los empresarios implicados en el denominado “caso Koldo” sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, sostiene que su colaboración activa con la Justicia ha favorecido el avance de las investigaciones y ha permitido esclarecer los hechos, según detalla Europa Press. Como parte de su estrategia para el juicio, Aldama reconoce los delitos imputados por la Fiscalía Anticorrupción y entrega pruebas, confesiones y documentación relevante, solicitando que estos factores se consideren para rebajar la solicitud de pena de prisión presentada por el Ministerio Público.
Según informa Europa Press, Aldama ha admitido ser responsable de los cargos que pesan sobre él: un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y uno más relacionado con el aprovechamiento de información privilegiada. Estos son los mismos delitos que la Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario en el marco de la supuesta trama para el suministro irregular de material sanitario adjudicado por el Ministerio de Transportes durante la emergencia sanitaria. En su escrito de defensa, al que ha accedido el citado medio, Aldama reclama que la petición de siete años de prisión sea revisada para que se le conceda una rebaja adicional de la pena, fundamentando su solicitud en la “confesión” y la colaboración “proactiva” mantenida durante el proceso.
En el documento presentado ante el tribunal, la defensa sostiene que Aldama colaboró con la Justicia en fases iniciales de la investigación, una actuación que según su equipo ha sido determinante para avanzar y ampliar el ámbito de la pesquisa, identificando el rol desempeñado por otros acusados. Europa Press señala que la defensa argumenta que su cliente proporcionó escritos, pruebas documentales y declaraciones en sede judicial en las que reconoció su propia implicación en los hechos criminales, facilitando así su esclarecimiento y contribuyendo a determinar las responsabilidades de otras personas involucradas.
El Ministerio Público, de acuerdo con la información de Europa Press, solicita siete años de prisión para el empresario, un castigo inferior al que pide para los otros dos acusados principales en la causa: el exministro José Luis Ábalos (para quien solicita 24 años de prisión) y su exasesor Koldo García (para quien pide 19 años y medio). Esta diferencia responde a la valoración de la confesión de Aldama, aunque la defensa insiste en que la atenuante debe aplicarse “en grado muy cualificado” y conforme a los criterios establecidos en el artículo 66.1.2ª del Código Penal, insistiendo en que la rebaja de condena debe ser aún mayor.
En cuanto a la estrategia del juicio, el abogado defensor ha solicitado la comparecencia de varios testigos. Entre ellos figuran Juan Carlos Cueto, señalado por la investigación policial como posible comisionista en el “caso Koldo”, y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula con una supuesta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel. Asimismo, la defensa busca que testifiquen personas del entorno familiar y personal de Ábalos y de su exasesor Koldo, como el hijo del exministro, Jésica Rodríguez y Claudia Montes —con quienes Ábalos habría tenido una relación sentimental, según la documentación—, así como la esposa y el hermano de Koldo García.
En la lista de testigos solicitados también aparecen nombres como el de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e imputada por este caso, y el de Pedro Saura, presidente de Correos y anterior secretario de Estado de Transportes. Todos ellos, según señala Europa Press, podrían aportar información relevante para dilucidar los hechos investigados.
Europa Press también recopiló que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han presentado sus propios escritos de acusación. Estas exigen penas más elevadas que las planteadas por la Fiscalía Anticorrupción: piden 30 años de prisión tanto para Ábalos como para su exasesor Koldo García, mientras que para Aldama reclaman la misma condena solicitada por el Ministerio Público.
El desarrollo del proceso judicial por el “caso Koldo” se convierte así en uno de los asuntos judiciales más seguidos en España relacionados con la gestión de la compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia. Este caso involucra a empresarios, antiguos responsables del Ministerio de Transportes y directivos públicos, todos investigados por presuntos delitos de corrupción, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada en uno de los episodios de mayor impacto mediático derivados de la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria.
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