Archivada la pieza de la operación Pokémon que investigó al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez

El auto del magistrado del Tribunal de Instancia de Ourense subrayó que, pese a que varios coinvestigados viajaron a la ciudad en momentos concretos, estos desplazamientos no permiten inferir que existieran entregas de dinero destinadas a Francisco Rodríguez, Fernando Varela o Abelardo Ulloa. Con esta argumentación, el juez archivó la pieza del caso Pokémon relativa al exalcalde socialista de Ourense, al edil del BNG y al exjefe de la Policía Local. Según consignó el medio, la resolución judicial puntualizó que no existen pruebas objetivas que respalden los supuestos favores realizados a la empresa Vendex por parte de los funcionarios investigados, lo que impide continuar con la acusación.

El Tribunal de Instancia de Ourense, según informó el texto proporcionado, adoptó esta decisión el cinco de enero tras concluir que durante la instrucción no se lograron reunir evidencias materiales que acreditaran la recepción de sumas de dinero por parte de los investigados a cambio de presuntos favores vinculados con la empresa Vendex. "Ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados", señala el auto, citado por el medio. Además, el magistrado consideró que los tres investigados negaron en todo momento ante el juez haber recibido cualquier cantidad en el contexto de su actividad funcionarial.

El juez profundizó en la falta de correspondencia entre la documentación aportada a la causa, cuya procedencia era exclusivamente la empresa Vendex, y la existencia de transferencias monetarias a autoridades de Ourense o de actuaciones en beneficio de la citada compañía. El auto judicial reiteró que "dichas declaraciones no se consideran suficientes para poder fundar un escrito de acusación, al no estar acompañadas de indicios objetivos que permitan corroborar tales afirmaciones, especialmente si se tiene en cuenta que los tres investigados negaron, en las declaraciones prestadas en sede judicial, haber recibido cualquier cantidad a cambio de favores relacionados con su actividad profesional", de acuerdo con lo publicado por el medio.

Asimismo, en el documento judicial se remarcó que la investigación solo contó con los testimonios de coinvestigados para sostener las sospechas sobre los presuntos pagos irregulares, sin que existieran pruebas materiales que acrediten que tales hechos ocurrieron. Toda la documentación incluida en el expediente, según detalló el tribunal y consignó el medio, procedía de la propia empresa implicada y no se encontraba corroborada por pruebas objetivas ajenas o entregas de fondos a funcionarios públicos.

La decisión del Tribunal de Instancia de Ourense no tiene carácter definitivo, dado que cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La posibilidad de impugnación implica que el procedimiento podría reabrirse si la instancia superior aprecia motivos suficientes para revisar el auto de archivo, según recordó el medio.

La denominada operación Pokémon, en cuyo contexto se investigó a los citados responsables de Ourense, constituye una macrocausa iniciada en 2012 bajo la instrucción de la jueza Pilar de Lara, tal como recordaron varias fuentes judiciales y el propio medio. Esta investigación afectó a numerosos representantes políticos de Galicia y otras comunidades, aunque solo una persona fue finalmente condenada: Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

El procedimiento judicial original de la operación Pokémon nació en el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, gestionado entonces por Pilar de Lara. Posteriormente, la magistrada fue apartada del caso debido a reiteraciones de retrasos y demoras procesales señaladas por instancias superiores, hecho igualmente reportado por el medio. La operación Pokémon pretendía esclarecer presuntas tramas de corrupción y favores a empresas a cambio de contraprestaciones económicas a funcionarios y representantes políticos.

Durante la instrucción, según indicó el medio, los diferentes investigados negaron repetidamente cualquier vinculación con la presunta entrega de dinero o actuaciones que facilitaran la posición o intereses de la firma Vendex en el ámbito municipal de Ourense. Los informes judiciales y documentos analizados no permitieron determinar que los viajes realizados por algunos coinvestigados tuvieran relación directa con posibles pagos o entrega de dinero a autoridades locales.

El archivo de la pieza específica sobre Francisco Rodríguez, Fernando Varela y Abelardo Ulloa se produce tras varios años de diligencias que no han podido confirmar, mediante elementos objetivos, la existencia de los delitos investigados, conforme expuso el tribunal y reportó el medio. Esta resolución afecta a la situación procesal de los tres investigados, quienes dejan de estar imputados en el marco de esta causa.

Pese al archivo decretado por el Tribunal de Instancia de Ourense, el caso Pokémon mantiene otras líneas de investigación y procesos derivados, aunque con escasos resultados condenatorios hasta la fecha, según detalló el medio. El extenso procedimiento puso de manifiesto la dificultad para probar con criterios judiciales firmes las acusaciones de corrupción y connivencia entre cargos públicos y empresas.