La jueza de la dana pregunta a la Abogacía si la Generalitat pidió dictamen sobre medidas a adoptar ante la emergencia

Uno de los últimos autos dictados en torno a la tragedia relacionada con la dana en la Comunitat Valenciana ha exigido a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana detallar exhaustivamente todas las consultas realizadas por altos funcionarios acerca de la respuesta institucional durante la emergencia, incluyendo el objeto de cada solicitud y las razones de las respuestas ofrecidas por el área jurídica. Esta medida, según puntualizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se inserta en la investigación judicial en curso dirigida a clarificar la asistencia recibida antes y durante el episodio que causó 230 víctimas mortales.

Entre las principales actuaciones impulsadas por la jueza instructora destaca un requerimiento referente al 29 de octubre de 2024, en el que se solicita dilucidar si la Generalitat Valenciana reclamó valoraciones jurídicas específicas en relación con las decisiones que debían adoptarse frente a la emergencia meteorológica, señala el TSJCV. La petición oficial exige a la Abogacía precisar si existieron demandas de asesoramiento formal formuladas ese día, especialmente por parte del entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, quien pudo solicitar intervenciones, dictámenes u otro tipo de orientación ante la gravedad de la situación.

El despliegue judicial responde a las solicitudes de las acusaciones populares, que en este proceso están representadas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Compromís, recoge el medio TSJCV. La jueza ha centrado los esfuerzos en documentar de manera precisa no solo las potenciales peticiones de respaldo legal sino también el caudal de comunicaciones interinstitucionales mantenidas por los equipos de Justicia e Interior, de Medio Ambiente y de la Presidencia de la Generalitat. Estos pasos constituyen el eje del proceso abierto para analizar la gestión institucional frente al desastre, incidiendo sobre la asistencia jurídica brindada y su alcance en momentos de alta presión.

En relación con la demanda de mayor claridad sobre el flujo de información durante el episodio, el TSJCV expone que la magistrada ha ordenado recopilar tanto las consultas verbales como las escritas provenientes de los altos cargos, así como cualquier valoración suministrada por los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico. Todas las respuestas deberán ser presentadas por escrito y reflejar si existieron recomendaciones u orientaciones jurídicas que pudieran haber condicionado las medidas administrativas o políticas tomadas en las horas previas o durante el avance de la dana.

Por otra parte, el mismo conjunto de resoluciones recoge la admisión de una diligencia impulsada por ACPV, mediante la que la jueza solicita colaboración a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco. Según el TSJCV, el requerimiento remitido a la DAEM pide un informe pormenorizado sobre todas las llamadas registradas el día de la catástrofe por el 112 de Euskadi y que fueron transferidas desde el 112 de la Comunitat Valenciana. Además, el auto exige la conservación de las grabaciones de dichas comunicaciones, advirtiendo que en el futuro podrían pasar a formar parte del expediente judicial, condicionado al consentimiento de los interlocutores afectados.

Dicha solicitud se encuadra en las denuncias públicas y judiciales que cuestionan la adecuación de la respuesta institucional y el funcionamiento de los dispositivos de emergencia el día de la tragedia. El objetivo, de acuerdo con lo consignado por el TSJCV, es determinar la existencia y la dinámica de las llamadas interterritoriales y evaluar si los protocolos establecidos resultaron suficientes para la protección de la población.

En contraposición, el TSJCV relata que la magistrada ha denegado algunas solicitudes de investigación, como las referidas al rastreo de intercambios telefónicos y mensajes de Whatsapp entre el lehendakari y el expresidente de la Generalitat Valenciana. El auto describe que esa comunicación tuvo lugar fuera del periodo relevante para la toma de decisiones vinculadas a la protección ciudadana en el contexto de la emergencia, por lo que se descarta su inclusión en la instrucción de la causa.

Respecto de las decisiones legales sobre asistencia jurídica, está previsto que toda la información remitida por la Abogacía de la Generalitat recoja las consultas realizadas y las valoraciones que, eventualmente, se hayan proporcionado tanto en los momentos previos como en el transcurso de la emergencia. A través de este procedimiento, el TSJCV reporta que la investigación intenta trazar con precisión la cadena de asesoría brindada y esclarecer si existieron influencias o directrices legales sobre las decisiones adoptadas ante la crisis.

La investigación dirigida por la magistrada aborda tanto la coordinación interna en los niveles superiores del gobierno autonómico como la transparencia y trazabilidad de toda comunicación oficial concerniente al suceso, según publica el TSJCV. De esta manera, las actuaciones judiciales buscan reconstruir el desarrollo de los acontecimientos y el proceso de decisión en tiempo real, para determinar si la gestión se ajustó a la legalidad y si pueden derivarse responsabilidades de tipo jurisdiccional o administrativo a raíz de los efectos catastróficos generados por la dana.