Bolaños se reúne este lunes con comunidades autónomas para valorar la implementación de los tribunales de instancia

La coexistencia de formatos digitales y tradicionales dentro de los tribunales ha originado diferencias importantes en eficiencia entre comunidades autónomas, debido a que expedientes y trámites judiciales circulan simultáneamente en papel y en sistemas electrónicos. Tal dualidad en la gestión incrementa los riesgos de extravío de documentos y dificulta el seguimiento de los asuntos judiciales. Este escenario, según detalló Europa Press, representa uno de los factores centrales que afectan la transición hacia un nuevo modelo de tribunales de instancia prevista en la reforma judicial que impulsa el Ministerio de Justicia.

En este contexto, el ministro Félix Bolaños convocó a una reunión con representantes de las comunidades autónomas este lunes, dirigida a evaluar el estado de avance y los desafíos logísticos de la implementación de los tribunales de instancia. De acuerdo con el reporte de Europa Press, la fragmentación territorial de los juzgados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca constituye un obstáculo de primer orden para consolidar el nuevo modelo judicial, debido a las dificultades de coordinación organizativa y circulación interna de la información que implica la dispersión geográfica de las sedes.

Europa Press informó que asociaciones judiciales, sindicatos del sector y diversos profesionales han posicionado la ausencia de recursos formativos y la demanda de una prórroga de seis meses entre las principales preocupaciones ante los retos derivados de esta reorganización. En numerosos territorios, la transición informática resulta incompleta y la implantación efectiva de los nuevos órganos judiciales experimenta ritmos dispares, afectada por la carencia de programas formativos y la falta de un registro oficial de los puestos que habría que cubrir en cada tribunal, según subrayan los decanos judiciales consultados por Europa Press.

La exposición a retrasos y la vulnerabilidad de la transición aparecen agudizadas en aquellas comunidades donde la alta temporalidad del personal y la desigualdad en recursos técnicos marcan la dotación de los equipos. Europa Press citó regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra como territorios especialmente afectados. La disparidad en la formación y la digitalización de los equipos ralentiza el proceso global de transformación organizativa.

Tanto asociaciones profesionales como Juezas y Jueces para la Democracia han pedido que el Ministerio de Justicia asuma un papel más proactivo en la actualización normativa y el refuerzo tanto material como humano del sistema judicial. Según puntualizó Europa Press, estas organizaciones consideran que la reforma debe ir más allá de la creación de plazas o la adopción de directrices administrativas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que reclaman modificaciones legislativas adicionales que garanticen la consolidación y la calidad del nuevo modelo.

En ese sentido, Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, expresó en declaraciones recogidas por Europa Press que la reforma exige controles estrictos y un proceso participativo que reúna a todos los colectivos implicados en la administración de justicia. González también sugirió la necesidad de evaluar periódicamente nuevas moratorias, según el riesgo que presenten retrasos o incidencias en relación con los estándares de calidad en la justicia.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto de relieve la carencia de mecanismos integrales de control y documentación durante la transferencia de competencias y la fase de implantación progresiva del modelo que recoge la Ley de Eficiencia de la Justicia. Europa Press consignó que estos vacíos generan preocupación respecto a la adecuada supervisión y al seguimiento de los hitos del proceso.

Desde el Ministerio de Justicia se ha reiterado, según recoge Europa Press, la disposición a colaborar de forma activa con los gobiernos autonómicos para garantizar el perfeccionamiento de la transición, así como a contemplar nuevas prórrogas si resultasen necesarias. Uno de los compromisos expresados prioriza la continuidad de los servicios esenciales mientras se completan las fases pendientes de la transformación organizativa.

Los consejos autonómicos de la abogacía han remitido propuestas técnicas orientadas a mantener la agilidad y seguridad de los procedimientos en contextos donde la dispersión territorial de los juzgados añade complejidad a la operativa diaria. Europa Press precisó que estas sugerencias también buscan asegurar los derechos de los profesionales y de los ciudadanos a lo largo de la reorganización judicial.

La existencia de diferencias de criterio entre órganos judiciales, asociaciones del sector y autoridades autonómicas ha sumado retrasos al calendario inicial y subraya, de acuerdo con Europa Press, la importancia de avanzar en mecanismos de control y en una planificación que permita anticipar y resolver incidencias administrativas.

Durante la última Conferencia Sectorial de Justicia, según detalló el mismo medio, el debate se focalizó en aspectos clave como la formación del personal, la consolidación de equipos estables de trabajo, el impulso a la digitalización y la mejora de los canales de comunicación internos. Esta conferencia acordó realizar un seguimiento particularizado de los núcleos de conflicto identificados, con la finalidad de que la transformación del sistema judicial preserve el acceso ciudadano a la justicia y la fiabilidad de los servicios.

Europa Press estableció que los criterios acordados mediante esta coordinación guiarán los próximos pasos institucionales vinculados a la puesta en marcha de los tribunales de instancia en España, encuadrados en la apuesta por la eficiencia judicial y la progresiva unificación de procedimientos a escala nacional.