Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra y detalla que no ha tenido ocasión de hablar con Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha focalizado sus esfuerzos en rastrear posibles transferencias internacionales y eventuales movimientos de oro vinculados a Plus Ultra, según informó el medio original. Esta línea de investigación sobre operaciones financieras con conexiones potenciales en Venezuela ha surgido como parte de un procedimiento judicial cuyo objetivo es determinar si existieron delitos de blanqueo de capitales y administración fraudulenta internacional con respecto a los 53 millones de euros transferidos a la aerolínea durante la pandemia.

El juzgado de instrucción número 13 de Madrid mantiene estrictas medidas cautelares sobre tres altos cargos de Plus Ultra, quienes tienen prohibido salir de España, deben entregar sus pasaportes y presentarse periódicamente ante las autoridades, de acuerdo con lo reportado por el citado medio. La causa, que opera bajo secreto de sumario decretado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, examina si los fondos estatales se destinaron conforme a la legislación de emergencia y los objetivos específicos de apoyo temporal para empresas del sector aeronáutico.

El origen legal de la ayuda está en la normativa extraordinaria promulgada al inicio de la pandemia, que permitió al Ejecutivo conceder apoyo financiero a compañías en dificultades. Según publicó el medio original, la denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción desencadenó una ampliación de diligencias orientadas a esclarecer la administración y posible desvío de estos recursos públicos.

Hasta el momento, el análisis judicial no ha podido dilucidar el destino final de los fondos ni la trazabilidad precisa del dinero entregado a Plus Ultra por parte del Estado español. El proceso judicial busca establecer con exactitud la transparencia y correcta aplicación de recursos conforme a los controles previstos por la legislación. El medio detalló que la instrucción persigue tanto la verificación del origen lícito de los fondos como la integridad de su utilización, especialmente ante la posibilidad de conductas irregulares y eventuales flujos financieros hacia el exterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció respuestas públicas sobre el caso durante una conferencia en Bruselas, tras la conclusión de una cumbre europea. Sánchez describió la operación de rescate como préstamos reembolsables y no subvenciones a fondo perdido, con procedimientos auditados por entidades de control como el Tribunal de Cuentas, aseguró el medio de origen. El mandatario remarcó la ausencia de criterios políticos o personales en el otorgamiento de estas ayudas, sosteniendo que la asignación respondió únicamente a criterios técnicos y dentro de los límites legales definidos para estas operaciones.

En relación a interrogantes sobre la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez afirmó —según consignó el medio— que no ha mantenido conversaciones con el expresidente sobre el caso ni ha recibido presiones externas en el proceso de toma de decisiones relacionadas con el rescate a Plus Ultra. El Ejecutivo ha insistido, conforme a lo recogido por el medio inicial, en la solidez de los mecanismos de auditoría interna y en la utilidad de los sistemas institucionales de control para corregir cualquier posible desviación en el uso de los fondos públicos.

Respecto al avance de las pesquisas, la Fiscalía ha intensificado el seguimiento de las operaciones financieras que pudieran indicar un uso de los recursos diferente al previsto en el marco de la ayuda estatal. El medio subrayó el interés especial en el rastreo de conexiones con Venezuela, así como en la identificación de transferencias de oro o de otros activos que podrían haberse canalizado a través de caminos no convencionales.

El procedimiento continúa bajo secreto de sumario, lo que restringe la difusión de información específica sobre el destino y movimiento del dinero transferido, informó el citado medio. En este escenario, las restricciones impuestas a los directivos continúan vigentes mientras se esclarece el cumplimiento de la legalidad aplicada al rescate.

El proceso judicial mantiene su relevancia en el debate político, pues la gestión de ayudas estatales a empresas en dificultad ha provocado polémica en distintos sectores y ha impactado en la agenda pública del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según consignó el medio original. Sánchez, enfrentando comentarios sobre posibles repercusiones políticas —como las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz—, negó infidelidades en el seno del gabinete y afirmó que el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo para evaluar y responder conjuntamente a las inquietudes sobre el caso.

El Gobierno, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, se ha mantenido firme en la defensa de la legalidad y fiscalización de la operación. Argumenta que los procedimientos administrativos se sometieron a la vigilancia de los sistemas de control encargados de evitar fraudes y desvíos de fondos estatales. Mientras tanto, el avance de la investigación está condicionado a la espera de nuevas medidas que podrían adoptarse si se levantara el secreto de sumario o si la acumulación de documentación derivase en hallazgos adicionales sobre el destino concreto de los recursos asignados a Plus Ultra. Las autoridades judiciales han reiterado, según la fuente original, que el desarrollo del proceso podría modificar la situación actual de los investigados y arrojar luz sobre hechos hasta ahora no públicos relacionados con la administración y uso de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.