
Una serie de informaciones periodísticas ha indicado que el pasado 8 de diciembre, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, se reunió en las instalaciones restringidas del Monte de El Pardo con Julio Martínez, máximo accionista y consejero delegado de Plus Ultra, quien fue arrestado días después bajo sospecha de haber usado el rescate financiero de la aerolínea para lavar dinero procedente de la corrupción venezolana. En este contexto, Vox ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas que busca aclarar las circunstancias tanto de esa ayuda económica como del papel desempeñado por Zapatero en el proceso, según publicó el medio que acompaña la información.
De acuerdo con lo detallado por la fuente, el partido liderado por Santiago Abascal ha requerido la comparecencia de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ane de la Cueva, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, con el objetivo de que explique los criterios y procesos que permitieron el uso de las instalaciones del Monte de El Pardo para la citada reunión. Esta finca, de carácter restringido, depende de forma orgánica de la Presidencia del Gobierno, lo que añade interrogantes sobre el protocolo de acceso de exmandatarios y su aprovechamiento para encuentros con empresarios investigados.
Tal como informó el medio, Vox también ha trasladado la solicitud de comparecencia de Isabel Maestre Moreno, quien dirigiera la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) durante el periodo en que se aprobó la ayuda financiera a la aerolínea. El grupo parlamentario aspira a que Maestre aclare el contenido y fundamento de los informes técnicos que recomendaron la inyección de dinero público mediante el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
La formación de Abascal dirigió preguntas formales al Ejecutivo sobre si existe un protocolo que permita a los expresidentes el ingreso sin autorización previa a instalaciones restringidas como el Monte de El Pardo. También interroga si Zapatero realizó la solicitud correspondiente para acceder al recinto, o si su entrada se produjo sin aprobación. Vox quiere conocer si Ane de la Cueva tuvo constancia de la visita de Zapatero y si existen registros de comunicación directa entre ambos a propósito de este acceso extraordinario, según informó la fuente.
En torno a la ayuda estatal a Plus Ultra, el partido reclama información sobre la publicación del expediente completo de la asistencia otorgada por el Consejo Gestor del Fondo creado para apoyar a empresas estratégicas. Vox requiere conocer quiénes eran los accionistas finales de Plus Ultra en el momento de la concesión y cuáles fueron las razones esgrimidas para considerar a la compañía como clave en el tejido empresarial español.
Otra vertiente de la ofensiva parlamentaria se centra en la relación entre Plus Ultra y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según consignó el medio, Vox ha preguntado si algún representante propuesto por la SEPI ocupó puestos de consejero o cargos ejecutivos en Plus Ultra mientras se tramitaba o tras la concesión de la ayuda pública. Además, el grupo solicita detalles sobre el estado actual del reembolso de esos fondos y si el Gobierno revisa activamente los motivos por los que se investiga a la aerolínea, especialmente en el contexto de los riesgos que puede implicar la devolución de los recursos públicos.
Para profundizar en el control de estos recursos, Vox ha solicitado detalles sobre las medidas que el Gobierno prevé adoptar para esclarecer los sucesos vinculados a la gestión del rescate y asegurar la recuperación de los fondos entregados a Plus Ultra, según reportó la misma fuente.
En las iniciativas registradas en la Cámara baja, Vox destaca que la cronología de la detención de Julio Martínez –acontecida poco después del encuentro con Zapatero en suelo restringido– refuerza la importancia de una revisión minuciosa de los hechos y actuaciones relativos al acceso a inmuebles de Patrimonio Nacional. El partido exige transparencia respecto a la gestión de los encuentros y de la propia ayuda pública a empresas que, siendo investigadas, generan dudas sobre la idoneidad del empleo de fondos estatales.
La formación sustenta sus iniciativas en la información proveniente de medios que han contribuido a colocar el foco sobre la implicación de figuras del anterior Ejecutivo y el posible uso de recursos estatales en contextos opacos. Las preguntas registradas, junto a las solicitudes de comparecencia, pretenden ofrecer luz sobre el conjunto de decisiones tomadas, la justificación de las mismas y la trazabilidad de las acciones seguidas por Plus Ultra desde que recibió dinero público, abordando tanto los aspectos técnicos de la aprobación de la ayuda como la legalidad en el acceso a instalaciones oficiales y los vínculos personales y empresariales que rodean el caso.


