Revuelta acusa a Vox de "inventarse" el desvío de fondos de la dana para tomar el control de la organización

La estructura interna de la agrupación juvenil Revuelta atravesó cambios notables luego de que, según informó el diario El Mundo, miembros identificados por la propia organización como afines a Vox intentaran forzar una integración con el sindicato Solidaridad, también vinculado al partido. Esta dinámica se habría intensificado durante la denominada “regencia” de Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad, periodo en el que se buscó desplazar de la dirección al presidente de Revuelta, Jaime Hernández, en medio de presiones para transferir el control del colectivo al entorno de Vox. La agrupación atribuye estos movimientos a una estrategia política que buscaba intervenir la asociación y argumenta que los señalamientos sobre malversación de fondos y anomalías en la recaudación de cuotas constituyen un pretexto para ese objetivo, acusando a Vox de “inventarse” el desvío de fondos para justificar la operación.

Según consignó el medio El Mundo, las tensiones emergieron después de que el exvicepresidente de Revuelta y actual asesor de Vox en Bruselas, Arturo Villarroya, presentara ante la Fiscalía una denuncia en la que relataba presuntas irregularidades en el uso de los recursos obtenidos para paliar los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y en el cobro de cuotas por afiliación sin contraprestación. Esta denuncia supuso el punto de inflexión de una crisis previamente marcada por la filtración de documentos y acusaciones públicas en contra del colectivo juvenil, en las que se vinculaba a Vox con el conocimiento de los hechos denunciados.

De acuerdo con la versión de Revuelta recogida por El Mundo, Vox habría intentado capitalizar la notoriedad pública que la agrupación adquirió durante las labores solidarias llevadas a cabo tras las lluvias asociadas a la DANA, para posteriormente buscar el control directo del colectivo. Integrantes de Revuelta aseguran que los intentos de intervención aumentaron después de la convocatoria de varias protestas en Madrid y de manifestaciones de rechazo a dirigentes tanto del Partido Popular como de Vox, momento en el que el partido empezó a exigir reiteradamente “transparencia absoluta” en la gestión de las donaciones económicas.

La agrupación detalla que Elsa Almeda, anterior portavoz de Revuelta, y Pau Ruiz, vinculado a la cuenta de X ‘Españabola’, participaron en un proceso que desde el colectivo se califica como un “intento de dar un golpe de estado y robar la asociación”, en el contexto de su enfrentamiento con la cúpula de Vox. Revuelta sostiene que tras la fallida operación de integración, Vox encargó a Montse Lluís, secretaria general adjunta del partido, la coordinación de la transferencia de control del colectivo juvenil a su estructura; proceso que no terminó de concretarse debido a la resistencia interna.

El Mundo recoge que en una reunión celebrada en la sede de la fundación Disenso, González Gasca, considerado uno de los principales líderes de Revuelta, planteó la opción de presentar una auditoría de los fondos gestionados mediante la asociación Asoma, considerada pantalla financiera del colectivo. La dirección de Vox, según relata el diario, rechazó la propuesta y optó por exigir un nivel de transparencia superior, negándose, además, a firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a la información económica presentada.

Durante el desarrollo del conflicto, según detalló Revuelta en sus comunicaciones públicas, miembros de la agrupación y del entorno del partido recibieron presiones directas vinculadas a la continuidad laboral, utilizándose amenazas de despido como mecanismo para forzar la liquidación de la asociación juvenil. Revuelta destaca especialmente el caso de Arturo Villarroya y del exdirigente Javier Esteban, quienes tras abandonar la Junta Directiva, habrían aceptado sumarse a las denuncias a raíz de estas presiones. A su vez, González Gasca habría simulado sintonía con la directiva de Vox en un intento de proteger a la presidencia de Revuelta ante la amenaza de una denuncia económica, de acuerdo con el relato recogido por El Mundo.

En el contexto de la fundación de Revuelta, la cronología difundida por la agrupación y referida por El Mundo indica que la organización surgió en octubre de 2023, coincidiendo con jornadas de protestas en rechazo a la ley de amnistía vinculada al procés catalán. Pese a que Vox ofreció apoyo logístico durante las primeras etapas, la relación se definió como externa y centrada en la independencia de Revuelta, aunque la colaboración acabó resquebrajándose a raíz de la gestión de la emergencia provocada por la DANA y la competición por el protagonismo político.

La negativa de los principales dirigentes de Revuelta —Jaime Hernández, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca— a facilitar a Vox el acceso a la documentación financiera de las donaciones reunidas precipitó, según la versión del partido difundida por El Mundo y otros medios, la presentación de la denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Vox sostiene que la decisión respondió a una falta de colaboración y destaca que los materiales y audios filtrados respaldan la actuación basada en “sospechas razonables”. Aunque el partido rechazó referirse de forma directa a la confrontación con la organización juvenil, sí mencionó la necesidad de esclarecer el destino final de los fondos recaudados.

Revuelta insiste en que nunca puso obstáculos para entregar la información requerida, proponiendo hacerlo bajo condiciones que garantizasen confidencialidad, aunque esta alternativa fue finalmente descartada por Vox. La agrupación rechaza la existencia de irregularidades graves, afirmando que su gestión fue “limpia y transparente” y expresando su disposición a presentar ante las autoridades los documentos que demuestran el uso adecuado de los recursos.

Durante la crisis, los informes internos generados en el entorno de Vox, de acuerdo con la información de El Mundo, se utilizaron para sustentar la denuncia formalizada ante las autoridades, incrementando así la presión sobre los dirigentes de Revuelta, varios de los cuales acabaron renunciando a sus puestos ante el agravamiento del conflicto. Las protestas convocadas por la agrupación ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, así como las manifestaciones contra dirigentes de otras formaciones, añadieron tensión a la relación y contribuyeron a reforzar la percepción de que la autonomía de Revuelta se había convertido en un obstáculo para los intereses políticos de Vox.

El choque entre ambas entidades ilustra la competencia interna que afecta a organizaciones juveniles vinculadas a movimientos políticos, en particular respecto a la gestión de la influencia y los recursos económicos derivados de campañas solidarias y de movilización social. Según la información disponible en El Mundo, la situación ha provocado una remodelación significativa en la dirección de Revuelta, con una fragmentación de responsabilidades y la apertura de investigaciones formales en distintos ámbitos.

Revuelta sostiene su afirmación de haber actuado conforme a la legalidad en todo momento. La organización prepara los argumentos y la documentación necesarios para responder tanto en los procedimientos judiciales activados a raíz de las denuncias como ante la opinión pública, cuyo interés ha crecido en paralelo a la repercusión mediática del caso y al desarrollo de las investigaciones impulsadas por la denuncia de Arturo Villarroya y la exposición pública de los desacuerdos con Vox.