Lara Méndez (PSdeG) insiste en que la dirección del partido no habló "directamente" con "ninguna víctima"

La representante del PSdeG, Lara Méndez, reconoció este domingo que la dirección regional del partido ha recibido información relacionada con el denominado caso Tomé únicamente a través de un intermediario, sin mantener en ningún momento una conversación directa con las víctimas. Según consignó Europa Press, Méndez explicó que solo tuvieron acceso a un testimonio comunicado por una tercera persona y precisó que su equipo ha procedido de acuerdo con las normativas internas y la legislación vigente.

La secretaria de Organización del PSdeG respondió públicamente sobre esta cuestión antes de la manifestación contra el proyecto de Altri en Santiago de Compostela. De acuerdo con Europa Press, la dirigente recalcó que el partido trasladó a la intermediaria la recomendación de presentar una denuncia formal, aludiendo a las limitaciones establecidas por el Código Penal que impiden denunciar en nombre de presuntas víctimas. Méndez subrayó: “Escuchamos a una tercera persona que nos trasladó el testimonio de una víctima. La animamos a denunciar, que es lo que podemos hacer porque hay un artículo del Código Penal que nos impide hacer una denuncia en nombre de ninguna víctima”.

Según reportó Europa Press, Méndez reiteró la postura comunicada previamente por el secretario xeral del partido, José Ramón Gómez Besteiro, quien el viernes pasado ya había informado en rueda de prensa que la dirección no había hablado de forma directa con ninguna víctima. La dirigente sostuvo que las actuaciones del PSdeG en este caso cumplieron con los procedimientos marcados por los protocolos internos. Además, manifestó que la dirección regional respondió al testimonio recibido en el “tiempo debido”.

Consultada por Europa Press sobre las demandas de dimisiones expresadas desde distintas corrientes del propio partido, Méndez declaró que son conscientes tanto de la diversidad de sensibilidades como del malestar que han surgido entre miembros del PSdeG a raíz del caso. A pesar de estas voces críticas, defendió la gestión llevada a cabo por la cúpula gallega, de la que forma parte. Según la dirigente, el PSdeG procedió conforme a la normativa y a la legislación respecto a las denuncias públicas conocidas en los últimos días.

Europa Press detalló también que la actuación de la dirección se limitó a animar a la denunciante, a través de la persona intermediaria, a acudir a los cauces legales formales. No hubo contactos personales ni entrevistas directas entre la dirección del PSdeG y las presuntas víctimas. Méndez resaltó la imposibilidad de presentar una denuncia como partido ante las autoridades debido a las restricciones jurídicas existentes en la legislación española.

Durante sus declaraciones, la secretaria de Organización expresó de forma reiterada que la dirección del PSdeG actuó siguiendo tanto los protocolos internos como el marco jurídico al recibir información referida a presuntos hechos de gravedad. Según publicaron medios como Europa Press, Méndez ratificó que los pasos dados por el PSdeG coincidieron con lo anunciado en la rueda de prensa del pasado viernes y descartó cualquier actuación fuera de los cauces establecidos.

El caso Tomé ha generado reacciones de distintos sectores dentro y fuera del partido, según informó Europa Press. Las exigencias de responsabilidades políticas y la presión para que se produzcan ceses o dimisiones han incrementado el debate interno en las filas del PSdeG. No obstante, la cúpula, representada por Méndez, sostiene la legitimidad de las acciones adoptadas y remite cualquier avance a la presentación formal de denuncias por parte de las presuntas víctimas ante los órganos judiciales competentes.

De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, la dirección gallega del PSdeG plantea que cualquier nuevo procedimiento dependerá de las decisiones legales que emprendan las personas presuntamente afectadas. Mientras tanto, la dirección pone en valor el cumplimiento estricto de los protocolos internos y la derivación del caso a los canales judiciales adecuados como garantía de transparencia y respeto a las normativas vigentes.