La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha prometido este miércoles su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela y al que también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
La ceremonia, presidida por el monarca, ha tenido lugar el día siguiente del nombramiento de Peramato por parte del Consejo Ministros, y se ha celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio, donde la nueva fiscal general ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución facsímil del original de 1978.
"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha pronunciado la nueva jefa de la Fiscalía sobre el volumen constitucional abierto por el artículo 124, relativo al Ministerio Fiscal.
Este artículo, sobre el que la nueva fiscal general no ha posado su mano, dictamina que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".
También han estado presentes durante el acto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su condición de notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francisca Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; o el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, entre otros.
Peramato sucede en el cargo a Álvaro García Ortiz, que dimitió tras ser condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La nueva fiscal general cuenta con 35 años de carrera sobre la que destaca, sobre todo, su experiencia en la lucha contra la violencia de género, pero también por su carácter progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías --Tenerife, Valladolid y Barcelona-- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.
Durante su examen ante la Comisión de Justicia del Congreso para examinar si cumple con los méritos y la idoneidad del cargo, comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en el Ministerio Público la condena a García Ortiz, aunque evitó pronunciarse sobre lo que el PP ha calificado como "ataques" al Tribunal Supremo por el fallo relativo a su predecesor. "No hago valoraciones", contestó.
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