La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

Las dudas en torno a la legalidad de los métodos utilizados para obtener pruebas bancarias en el marco del juicio a la familia Pujol llevaron al tribunal de la Audiencia Nacional a autorizar la declaración presencial del excomisario José Manuel Villarejo y de otros cuatro agentes, aunque bajo condiciones estrictas. Según detalló Europa Press, los magistrados impusieron limitaciones claras para evitar retrasos y para no desviar el proceso hacia la investigación de supuestas prácticas de espionaje político o de acceso irregular a información financiera por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El debate sobre la forma en que se obtuvieron y difundieron datos atribuidos a la familia Pujol cobró relevancia a raíz de la defensa de Josep Pujol, quien cuestionó la validez de esas pruebas y su circulación en prensa, particularmente después de que el diario ‘El Mundo’ publicara documentos en julio de 2014 que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad en las filtraciones. Según publicó Europa Press, la defensa fundamentó sus objeciones en los informes de Villarejo, centrándose en presuntas irregularidades en la obtención de la prueba bancaria.

Frente a esta controversia, el tribunal, encabezado por el magistrado José Ricardo de Prada e integrado también por las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino, resolvió limitar la comparecencia de los cinco policías a cuestiones vinculadas simplemente con los hechos enjuiciados y la legalidad de las pruebas. Europa Press informó que inicialmente se valoró la inclusión de una declaración escrita de Villarejo como prueba documental, pero la sala optó por permitir la declaración presencial en una única sesión para evitar demoras excesivas.

La discusión en sala abordó las propuestas de ampliar la investigación respecto a la ‘Operación Cataluña’, asunto que llevó al magistrado De Prada a calificar como “excesiva” toda iniciativa que pretendiera profundizar sobre posibles presiones del Gobierno en 2014 para obtener datos bancarios de Banca Privada d’Andorra, donde supuestamente la familia Pujol mantuvo fondos no declarados. De acuerdo con Europa Press, el tribunal recalcó que la competencia sobre estos hechos recae en una instancia judicial andorrana, rechazando su inclusión en este proceso.

En lo que respecta al juicio, Europa Press precisó que en él están imputados Jordi Pujol, sus siete hijos y más de quince presuntos colaboradores. La acusación sostiene que conformaron una estructura dedicada a la acumulación ilícita de patrimonio durante décadas, aprovechando el cargo político y los contactos personales. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado diversas penas en función de los roles supuestamente desempeñados: para el expresidente catalán Jordi Pujol se pide una condena de 9 años de prisión y 204.000 euros de multa; sus hijos afrontan peticiones de entre 8 y 29 años, siendo Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, quien enfrenta la solicitud más severa con 29 años de cárcel y multas por más de 6,5 millones de euros. Por su parte, Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, encara una solicitud de 17 años de prisión y más de 600.000 euros en sanciones económicas, basadas en la gestión y uso del patrimonio que es objeto de la investigación.

Europa Press reportó que también hay empresarios señalados, quienes afrontan penas que oscilan entre los 2 y 3 años y multas de 200.000 a 8 millones de euros, principalmente por delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama la devolución de más de 45 millones de euros, cifra estimada como el monto presuntamente adquirido de manera ilegal.

Durante la sesión del 26 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción negó cualquier irregularidad en la investigación de los hechos y aseguró, según consignó Europa Press, que la acusación se fundamenta en pruebas obtenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), aportes de la Agencia Tributaria y la confesión que realizó Jordi Pujol en 2014 acerca de la existencia de fondos no declarados en el extranjero.

El tribunal estableció que las comparecencias de Villarejo y los otros policías no derivarán en una investigación sobre actuaciones policiales generales ni en otras operaciones vinculadas, ratificando que la finalidad exclusiva de su intervención será la de esclarecer aspectos concretos sobre el modo de obtención de las pruebas presentadas en la causa. Según detalló Europa Press, esta comparecencia tendrá lugar en una sesión limitada, como una vía para impedir que el procedimiento se prolongue o derive en pesquisas ajenas al objeto del juicio.

La próxima sesión del proceso quedó fijada para el 12 de enero de 2026, tras cuatro jornadas en las que se abordaron tanto la admisión de pruebas como los cuestionamientos sobre su procedencia y sobre las garantías del proceso judicial, informó Europa Press.