Bolaños "discrepa" de la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"

El reconocimiento de la labor y el servicio público desempeñados por Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, estuvo presente en el dictamen judicial del Tribunal Supremo, que no incluyó objeción expresa a dichos aspectos. Sin embargo, la resolución también recogió la admisión por parte del abogado de Alberto García Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de haber cometido dos delitos fiscales, así como la afirmación de que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, “mintió abiertamente”. En este contexto tuvo lugar la intervención del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Pleno del Congreso tras la publicación de la sentencia, según consignó el medio original.

Bolaños expresó su posición acerca del dictamen judicial al comparecer en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. De acuerdo con la fuente, el ministro sostuvo que tras un estudio completo del texto emitido por el Tribunal Supremo persisten las dudas que manifestó en etapas previas del proceso, focalizándose en la interpretación de la prueba y en la garantía del principio de presunción de inocencia. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subrayó que, aunque expresa su respeto institucional hacia la decisión del tribunal, mantiene su discrepancia respecto a determinados argumentos incluidos en la resolución. Defendió que existía la posibilidad de un enfoque más protector de las garantías fundamentales, principalmente a través de una valoración distinta de la prueba y una defensa más estricta de la presunción de inocencia de García Ortiz, según publicó el medio citado.

El ministro detalló que el Gobierno ya había adoptado las decisiones necesarias tras el fallo, incluyendo el nombramiento de una nueva fiscal general del Estado, incluso antes de disponer del dictamen completo de la sentencia. Bolaños remarcó que la divergencia en torno a los criterios para la interpretación de las pruebas y los principios constitucionales justifica la persistencia de discrepancias jurídicas. En el transcurso de su intervención, dijo que la legitimidad democrática ampara la manifestación de posiciones diferentes siempre dentro del marco constitucional, recoge la fuente.

Félix Bolaños recordó que las diferencias sobre la valoración de fallos del Tribunal Supremo tienen antecedentes en la política española. Mencionó que tanto el ex presidente del Gobierno José María Aznar como el ex ministro Ángel Acebes expresaron en el pasado su preocupación por el impacto que ciertas decisiones judiciales podían tener sobre las competencias del Ejecutivo, según relató la fuente original.

En cuanto a la reacción política, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de una inadecuada gestión del caso y cuestionó el respaldo mostrado por Bolaños a Álvaro García Ortiz. Según reportó el medio, Tellado acusó al ex fiscal general del Estado de haber seguido presuntas instrucciones directas del Ejecutivo, lo que habría desembocado en la controversia y posterior inhabilitación. El dirigente popular describió la defensa institucional del ministro como un “ridículo histórico” y señaló presuntas irregularidades no corregidas por el Gobierno en el entorno del presidente Pedro Sánchez. Entre los asuntos mencionados se encuentran supuestas actividades empresariales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y cuestiones que implican a su hermano, David Sánchez, sostiene la fuente. También aludió a investigaciones en curso sobre dos exsecretarios de Organización del PSOE, bajo sospecha de fraude y corrupción.

La diputada popular Cuca Gamarra aportó otra crítica dirigida al Ejecutivo, alegando que el Gobierno se sitúa por encima del sistema de contrapesos democrático y aplica interpretaciones sesgadas tanto a fallos judiciales como a reformas jurídicas recientes. De acuerdo a la publicación original, Gamarra afirmó que parte de la documentación relevante para la investigación habría sido eliminada manualmente en coordinación con responsables del Ejecutivo, con el objetivo de dificultar las pesquisas sobre presunta corrupción ante la justicia. Desde la óptica del Partido Popular, esta dinámica de gestión ha sustituido una acción penal directa por una estrategia de comunicación política, lo que Gamarra describió como un retroceso democrático.

Frente a estos señalamientos, Bolaños insistió en la importancia del respeto institucional a las decisiones de los tribunales y reivindicó el derecho de expresar discrepancias en democracia mientras se mantengan dentro de los límites legales y constitucionales, según recogió el medio citado. El ministro también comparó la postura del Partido Popular ante investigaciones dirigidas hacia otros partidos con la actitud adoptada cuando las indagaciones se centran en dirigentes populares, afirmando que la formación rechaza el derecho a la crítica cuando resulta afectada.

Al finalizar su intervención, Bolaños se dirigió directamente a los representantes del Partido Popular solicitando consideración hacia los integrantes del Partido Socialista, a quienes calificó como personas comprometidas con el progreso nacional y la honradez en su labor, refiere el medio original. De esta manera concluyó la comparecencia parlamentaria centrada en el dictamen del Tribunal Supremo relativo a Álvaro García Ortiz, hecho que agrava la tensión entre el gobierno y la oposición en torno al alcance y las repercusiones del fallo judicial.

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