El Congreso examina hoy la idoneidad de Teresa Peramato para relevar a García Ortiz como fiscal general

El proceso de debate sobre la independencia y la autonomía en la designación de la Fiscalía General del Estado ha cobrado nueva relevancia tras el cese de Álvaro García Ortiz, quien fue inhabilitado durante dos años por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en un caso relacionado con la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, el Congreso de los Diputados se encuentra evaluando desde las 13:00 la candidatura de Teresa Peramato como sucesora en esta función, según consignó Europa Press.

El respaldo otorgado a Peramato por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se formalizó en el pleno del pasado 26 de noviembre, resolución adoptada en cuestión de quince minutos, de acuerdo con datos de Europa Press. Este apoyo involucró tanto a vocales conservadores como progresistas del órgano de gobierno de los jueces, lo que proporcionó a la candidatura un aval institucional amplio al inicio de la sesión parlamentaria clave para su nombramiento.

La Comisión de Justicia de la Cámara Baja examina la idoneidad de Teresa Peramato conforme al artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El proceso exige una comparecencia pública, durante la cual la persona propuesta debe exponer sus argumentos y responder a las preguntas formuladas por los representantes de todas las formaciones políticas. Europa Press explicó que, aunque esta sesión no tiene carácter vinculante, resulta decisiva en la valoración parlamentaria del futuro liderazgo del Ministerio Público.

Entre los requisitos legales para asumir la jefatura de la Fiscalía General del Estado figuran la nacionalidad española, un reconocido prestigio profesional y una antigüedad mínima de quince años en el ejercicio de la abogacía o en cargos judiciales. Tal como detalló Europa Press, la trayectoria de Peramato cumple y supera estos parámetros: acumula treinta y cinco años de experiencia en el ámbito jurídico y su actuación ha estado especialmente orientada a la lucha contra la violencia de género, cualidad que destaca en el expediente objeto de análisis parlamentario.

El acceso a la máxima responsabilidad en la Fiscalía también exige no haber desempeñado determinadas funciones políticas durante los cinco años previos, un aspecto incluido en la normativa tras el acuerdo entre PSOE y Partido Popular durante la última renovación del CGPJ, ocurrida en junio de 2024. Esta modificación surgió en respuesta a las críticas por el nombramiento de Dolores Delgado para el cargo poco después de dejar su puesto como ministra de Justicia. Europa Press precisó que Peramato no incurre en el supuesto de incompatibilidad ni ha ocupado funciones de ministra, secretaria de Estado, consejera autonómica, presidenta de corporaciones locales ni ha sido miembro de parlamentos nacionales o autonómicos en el periodo legalmente exigido.

La deliberación parlamentaria se desarrolla en un clima de tensión marcado por el reciente cese de García Ortiz y el debate sobre la politización del Ministerio Público. Europa Press recordó que la sesión previa de este tipo, celebrada a finales de 2023, estuvo influida por los reparos del Tribunal Supremo respecto a la designación de Dolores Delgado, así como por el rechazo mayoritario del CGPJ a la continuidad de García Ortiz. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos Fernando de Rosa, reclamaron la retirada de la candidatura gubernamental, mientras representantes de Vox, Junts y ERC alertaron sobre la relevancia de blindar la independencia e imparcialidad de la Fiscalía. En contraste, PSOE, Sumar y el PNV defendieron la permanencia de García Ortiz fundamentando su apoyo en la confianza hacia su profesionalidad y gestión.

La propuesta de Teresa Peramato ha suscitado diferentes reacciones entre los grupos políticos. Según relató Europa Press, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, indicó que la preocupación esencial reside en el mecanismo de selección y no en la persona elegida: “Lo importante no es a quién nombra el Gobierno, sino quién lo nombra”, expresó, cuestionando una posible intervención directa del presidente Pedro Sánchez en la designación. Desde Vox, el líder Santiago Abascal manifestó dudas en torno a la ausencia de implicaciones políticas en el currículum de Peramato y consideró insuficiente ese aspecto para garantizar su plena autonomía, siempre según reportó Europa Press.

Una vez finalicen la comparecencia y las deliberaciones en el Congreso, el procedimiento requiere que la propuesta de nombramiento sea remitida formalmente por el Ejecutivo al Jefe del Estado, quien otorga el nombramiento oficial. Posteriormente, Teresa Peramato deberá prestar juramento o promesa ante el Rey y tomar posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, tal y como marca la normativa vigente. Europa Press explicó que el cargo de fiscal general del Estado tiene una duración reglada de cuatro años, aunque pueden producirse ceses anticipados por causas como renuncia voluntaria, incompatibilidad sobrevenida, impedimentos físicos o psíquicos, cese del Gobierno que promueve el nombramiento, entrada en supuestos de prohibición legal o incumplimiento grave de las funciones.

Con la confirmación definitiva de su elección, Peramato pasaría a ser la cuarta persona en ostentar la titularidad de la Fiscalía General del Estado bajo el mandato de Pedro Sánchez, tras María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, tal como puntualizó Europa Press. La normativa vigente descarta la posibilidad de reelección para un segundo mandato completo, excepto en casos en los que el periodo anterior ocupara menos de dos años por suplencia.

El debate actual en torno a este nombramiento ha reavivado las discusiones políticas y sociales acerca de la independencia real del Ministerio Fiscal y su separación respecto al poder ejecutivo. Europa Press enfatizó que las decisiones resultantes de este procedimiento tendrán influencia directa sobre la orientación y los principios de funcionamiento de la Fiscalía General, en una etapa especialmente sensible por la persistencia de debates acerca de la politización en las instancias más altas del sistema de justicia español.