La jueza de la dana pregunta a Pradas si quiere entregar voluntariamente los WhatsApp del 29O aún no aportados

La jueza encargada del caso ha puesto el foco en una serie de mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, luego de que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, reconociera públicamente que dispone de ellos. Este hecho, reportó el medio, ha motivado que la titular del juzgado de Catarroja dicte una providencia exigiendo a Pradas que, en el plazo de 24 horas, declare si tiene intención de entregar voluntariamente dichos mensajes al procedimiento judicial que investiga la gestión de la emergencia, según publicó el medio.

De acuerdo con los detalles recogidos por la fuente, la jueza sustenta la solicitud en las declaraciones públicas de la exconsellera, quien expuso tener en su poder comunicaciones de WhatsApp relacionadas con la dana y los hechos bajo investigación. Aunque Pradas había reconocido esta información ante los medios, los mensajes todavía no forman parte de los documentos presentados ante el juzgado. La providencia, fechada este martes, requiere que la exresponsable autonómica confirme en un día si proporcionará estos mensajes de manera voluntaria, con la advertencia de que, en caso de ser entregados, se adjuntarán a la causa y serán revisados por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

La resolución judicial se produce después de que Pradas abordara este asunto durante una reciente entrevista emitida en el programa Salvados, de LaSexta, en la que detalló llamadas efectuadas con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En aquella intervención, la exconsellera señaló que el último intercambio de mensajes por WhatsApp aquel día habría ocurrido aproximadamente a las 14:00 horas, momento a partir del cual José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón, le indicó que las comunicaciones debían dirigirse directamente a él.

Tal como consignó el medio, la misma providencia afecta también a Cuenca. En su declaración ante la jueza el 26 de noviembre, el jefe de gabinete manifestó su conformidad con aportar documentación adicional a la causa. Ante esta disposición, la magistrada le requirió presentar en un plazo de cinco días una factura telefónica correspondiente al 29 de octubre de 2024, documento que permitirá cotejar tanto llamadas como mensajes realizados o recibidos en el marco de la emergencia, y cuyo análisis incluirá interacciones con Salomé Pradas, Emilio Argüeso —ex secretario autonómico de Emergencias, igualmente investigado— y el propio Mazón. Según la instrucción, este cotejo deberá especificar si cada llamada o mensaje fue entrante o saliente y su duración. Los datos que no se relacionen con la investigación se anonimizarán y la factura quedará bajo custodia de la LAJ, informaron los medios.

La implicación de Cuenca en la causa surge a partir de su citación judicial motivada por el cruce de llamadas presentado por la defensa de la exconsellera correspondientes al 29 de octubre así como por el propio Mazón, cuya relación de comunicaciones ya había sido aportada a la comisión de investigación parlamentaria creada por Les Corts. Según declaró Cuenca en sede judicial, ese día mantuvo contacto tanto telefónico como por WhatsApp con diferentes responsables. Poco después de las 16:56 horas, informó a Mazón por la aplicación de mensajería: le indicó que estaba a punto de activarse el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y que la situación meteorológica en Utiel presentaba dificultades crecientes, tema clave en la gestión municipal de la dana. Frente a esto, el presidente respondió que "perfecto" y añadió su intención de desplazarse hasta la localidad una vez finalizara la reunión del centro de emergencias.

Durante esa misma comparecencia, la instructora planteó a Cuenca si mantenía en su dispositivo los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre. Él respondió que no, explicando que su teléfono carecía de espacio y que en julio realizó un cambio de móvil sin transferir todas las copias de seguridad, según detalló el medio.

La investigación continúa recabando pruebas documentales y digitales para esclarecer las actuaciones realizadas durante la emergencia por parte de los diversos responsables políticos y técnicos. La jueza ha concentrado sus requerimientos en el análisis indiciario de las comunicaciones para entender el grado de coordinación y la información compartida durante las horas críticas asociadas al episodio de la dana.