La manifestación 'Mazón a presó' exige "memoria y reparación" por la dana: "No pararemos hasta saber la verdad"

La concentración de numerosas asociaciones de víctimas, familias afectadas y colectivos ciudadanos frente al actual marco legal que sostiene la condición de aforado de Carlos Mazón intensificó la demanda de cambios estructurales en la Comunidad Valenciana. Este núcleo de malestar social se hizo patente en la manifestación que recorrió las principales calles de Valencia bajo el lema “Mazón a presó”, donde las voces de los participantes insistieron en la necesidad de memoria, justicia y reparación relacionadas con la tragedia de la dana, en la que murieron 229 personas. Según consignó el medio que cubrió la concentración, la manifestación exigió no solo la dimisión inmediata de Mazón del Consell tras su renuncia a la presidencia, sino también su renuncia al escaño parlamentario y la clarificación íntegra de la cadena de decisiones políticas ante el desastre.

Tal como publicó el medio, la inquietud de las asociaciones de víctimas tiene su origen en la continuidad de Mazón como diputado autonómico, circunstancia que, según expresó Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, limita las garantías de acceso a una justicia efectiva. Álvarez declaró que el fuero parlamentario “no cubre la gravedad de lo sucedido” y señaló que recurrir únicamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana —instancia ordinaria para juzgar a los diputados— reduce las posibilidades de apelación, quedando el Supremo como única opción, lo que consideró insuficiente según detalló el medio.

El acto de este sábado, relató el medio, reunió a más de 200 entidades bajo una bandera común de exigencia de justicia y transparencia. La marcha partió poco después de las seis de la tarde, desde la intersección de las calles de las Barcas y Poeta Querol, avanzó por el centro de la ciudad y concluyó en la Porta de la Mar, punto central donde representantes de todas las asociaciones leyeron en conjunto un manifiesto dirigido al ejecutivo y a la opinión pública. Familias de fallecidos y supervivientes encabezaron el recorrido, reforzados por la participación de agrupaciones culturales y el apoyo visible de la ciudadanía, que acompañó con aplausos y símbolos de la memoria colectiva.

A lo largo del desplazamiento, se exhibieron pancartas con consignas directas: “Consell dimisión”, “Menos mentiras y más justicia”, “No son muertos son asesinatos” y “Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja”. El medio precisó que en cada tramo del trayecto se presentaban testimonios, exigencias de claridad institucional y peticiones de rendición de cuentas en el manejo de la emergencia y sus fases posteriores.

Las declaraciones de Rosa Álvarez al medio reflejan desconfianza hacia las garantías de imparcialidad mientras Mazón conserve su escaño parlamentario. Aludió también a la permanencia de Nando Pastor como portavoz parlamentario del Partido Popular y recordó ante los asistentes su afirmación en una comisión de investigación: “víctimas VIP y con derecho a roce real”. Álvarez manifestó su rechazo explícito a estas palabras, considerando que constituyen un agravio para los familiares y la memoria de quienes fallecieron durante el desastre, según consignó el medio.

Mariló Gradolí, vocera de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, subrayó a la prensa la petición de renuncia inmediata de Mazón a todo cargo público, una posición compartida por diversos colectivos. Gradolí afirmó que ningún miembro del Consell ha asumido hasta la fecha responsabilidad pública suficiente por la gestión del episodio extremo, desde su fase preventiva hasta la respuesta de emergencia y la reconstrucción, informaron fuentes recogidas por el medio.

Durante la marcha, testimonios de familiares como Toñi García reiteraron el reclamo de transparencia, afirmando que la información relevante sobre el caso no ha sido entregada completa a los afectados y señalando la existencia de opacidad y demoras. Según aquel testimonio reportado por el medio, la exigencia central es acceder a todos los datos sin trabas institucionales y recibir garantías y reparación íntegra por parte del gobierno valenciano.

Por parte de la Asociación de Damnificados Horta Sud, Noelia Pascual expresó, tal como relató el mismo medio, el respaldo a las familias y su disposición a mantener la agenda de movilización hasta que se esclarezcan todos los puntos, incluida la exigencia de ingreso en prisión de Mazón y la destitución del Consell, a quienes acusan de negligencia en la administración del desastre.

El contenido del manifiesto colectivo, reseñado por el medio de comunicación, centró sus demandas en la depuración de responsabilidades políticas y administrativas, incidiendo en la necesidad de investigar todas las decisiones que, en opinión de las asociaciones, pudieron aumentar el número de víctimas y la gravedad de las consecuencias. Los organizadores insistieron en que la movilización no responde a intereses partidistas, sino a la reclamación de un modelo de gobierno capaz de asegurar la protección ciudadana en situaciones de crisis climática u otras emergencias.

El medio remarcó que la alta convocatoria y la diversidad de colectivos presentes en la marcha evidencian la persistencia del malestar en amplios sectores de la sociedad valenciana ante la respuesta institucional tras la dana. La protesta, además de emplazar a los responsables políticos a dar explicaciones, persigue mantener viva la investigación de la tragedia y garantizar que todas las víctimas y personas afectadas sean reconocidas y atendidas por las autoridades públicas.

Al término de la manifestación, y tras la lectura pública del manifiesto, los portavoces de las asociaciones reiteraron su determinación de continuar las acciones ciudadanas hasta que se produzcan cambios en el ejecutivo, se obtenga verdad y se implementen medidas para que situaciones similares no se repitan. Las familias de los fallecidos reiteraron al medio las prioridades de verdad, memoria y reparación integral, apuntando que las instituciones deben asumir sus obligaciones ante la ciudadanía y las personas damnificadas.