El Congreso debate hoy instar al Gobierno a detallar los plazos de sustitución de los programas militares israelíes

La propuesta de que al menos el 80% del presupuesto de defensa se asigne a proveedores españoles y que esta proporción ascienda al 90% para firmas de la Unión Europea se ha convertido en uno de los temas centrales del debate parlamentario. Según Europa Press, este enfoque busca limitar la vulnerabilidad de las capacidades militares españolas ante situaciones de crisis internacionales y reducir la exposición a la dependencia tecnológica de terceros países, en este caso Israel, cuya industria mantuvo hasta hace poco una posición clave en la provisión de equipos y servicios estratégicos. El tema ha ganado prioridad en la agenda legislativa después de que el Gobierno impusiera, el 7 de octubre de 2023, un embargo total sobre la importación de armamento y servicios de defensa de origen israelí, medida que desencadenó una revisión integral de los principales contratos en ejecución y puso en primer plano la necesidad de definir cómo y cuándo se llevará a cabo el relevo tecnológico.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión de Defensa del Congreso enfrenta incertidumbres relevantes respecto al volumen exacto y la naturaleza específica de los sistemas militares sujetos a sustitución desde la entrada en vigor del embargo. Tanto el calendario de la desvinculación como los mecanismos y procedimientos para sustituir la tecnología israelí constituyen puntos de presión sobre el Ejecutivo, que todavía no ha transparentado los detalles de un proceso de transición altamente complejo. Legisladores han elevado el tono de sus demandas, exigiendo al Gobierno claridad en los plazos y en los pasos previstos para garantizar que la desconexión no provoque déficits operativos ni riesgos logísticos para las Fuerzas Armadas.

Entre los expedientes más relevantes bajo escrutinio parlamentario aparecen operaciones de adquisición recientes como la compra de 168 misiles anticarro Spike LR2, valorados en 237 millones de euros y gestionados a través de PAP Tecnos Innovación SAU; la adquisición del sistema lanzacohetes SILAM, vinculada a un contrato de 576 millones de euros con la compañía Elbit Systems; y los sistemas de combate aéreo suministrados por Rafael, por un importe de 207 millones de euros. Europa Press detalla que estos contratos concentran una parte importante del presupuesto de defensa y desempeñan funciones estratégicas dentro de la estructura de capacidades operativas españolas, lo que incrementa la preocupación entre los diputados por la viabilidad de un remplazo eficaz sin merma de capacidades.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, reconoció la dificultad de romper la dependencia de la tecnología israelí a corto plazo, según reportó Europa Press. Esta transición implica desafíos logísticos y técnicos de gran envergadura, pues existen áreas en las que la sustitución podría amenazar la continuidad de sistemas críticos o desencadenar vulnerabilidades en la cadena de suministro. Estas preocupaciones se reproducen entre distintos sectores parlamentarios, para quienes solo el monitoreo democrático estricto y la transparencia plena en la gestión permitirán salvaguardar la operatividad y la seguridad de las Fuerzas Armadas mientras dura la transición.

En las últimas semanas, el debate parlamentario avanzó hacia la exigencia de información pormenorizada sobre el tramo temporal y los procedimientos de reemplazo. La Comisión de Defensa ha insistido, según informaciones de Europa Press, en el papel de fiscalización que le corresponde, insistiendo en que el Ejecutivo presente un plan preciso, urgente y detallado respecto a cómo se preparará la industria nacional para asumir el reemplazo de los sistemas que hasta ahora dependían de Israel. La moción impulsada por el grupo Sumar destaca la necesidad de evitar puntos ciegos en la cadena de armamento, así como de consolidar la soberanía tecnológica española.

Otro aspecto del debate incluye la presión social y política orientada a restringir contratos de defensa con países involucrados en conflictos armados activos. Fuentes citadas por Europa Press exponen que una parte del arco parlamentario considera indispensable priorizar proveedores nacionales o comunitarios, no solo por motivos de independencia, sino también por razones de ética pública y responsabilidad institucional. Los proponentes de estas medidas sostienen que un mayor porcentaje de inversión en la industria local estimula el desarrollo industrial y tecnológico, fortalece la preparación frente a emergencias y reduce la exposición a posibles sanciones o restricciones internacionales.

Según Europa Press, este proceso de sustitución se desarrolla sobre la base de un plan industrial aprobado en abril que destina 10.471 millones de euros a la reestructuración del sector defensa. El objetivo principal apunta a que la inversión en defensa alcance el 2% del Producto Interno Bruto, según los compromisos adoptados por España en el marco comunitario. Esta financiación pretende equipar la industria nacional para responder tanto en innovación como en capacidad productiva a la transición tecnológica, vinculando las metas de control presupuestario y rendición de cuentas exigidas por el Parlamento.

En paralelo, la Comisión de Defensa se reafirma como espacio clave para la coordinación entre las fuerzas legislativas y el Ejecutivo. Europa Press señala que la supervisión parlamentaria cobra especial relevancia en la verificación de los criterios aplicados en los nuevos procesos de contratación. La revisión de contratos debe ajustarse no solo a la legalidad vigente y a criterios técnicos, sino también a exigencias emergentes en materia de ética y transparencia. Al mismo tiempo, la ruptura de relaciones tecnológicas y contractuales con la industria israelí se integra en la necesidad de cumplir con obligaciones internacionales y comunitarias, incluidas las normas de la Unión Europea para las adquisiciones de defensa y los programas de cooperación.

Según destaca Europa Press, la industria de defensa española experimenta la presión de adaptarse y estar a la altura de las nuevas expectativas de innovación y autosuficiencia. Esta transformación impone mayor competitividad y capacidad de respuesta tanto en procesos productivos como en la gestión de patentes, bienes y tecnología. Las empresas nacionales se enfrentan así a un entorno en que el sector debe renovar su estructura operativa y de colaboración, no solamente a nivel nacional, sino también en alianzas con socios de la Unión Europea para lograr mayor integración en programas de defensa continentales.

El proceso abierto desde el embargo a la industria israelí provoca, de acuerdo con los reportes de Europa Press, un cambio integral en la estrategia industrial y tecnológica española en defensa. Gobierno y Parlamento trabajan en la definición de plazos y mecanismos sólidos de control que garanticen el avance hacia una mayor autosuficiencia y transparencia, sin perder de vista los compromisos internacionales ni desatender la necesidad de mantener el equilibrio entre autonomía nacional y alianzas estratégicas con la Unión Europea.