El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó que las restricciones judiciales impuestas a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a Koldo García, antiguo asesor en el ministerio, sean revisadas de manera urgente por el Tribunal Supremo. La petición de revisión se produjo después de que la Fiscalía acusara a ambos de formar parte de una presunta trama ilícita vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, y tras pedir la imposición de penas de prisión para ellos. Según consignó Europa Press tras acceder al escrito de acusación, Luzón envió la solicitud al magistrado instructor Leopoldo Puente, encargado de la investigación conocida como el “caso Koldo”.
De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía fundó su petición en el propio escrito de acusación, donde además solicitó que se convoque una audiencia judicial con el objetivo de reconsiderar las medidas cautelares que actualmente pesan sobre Ábalos y García. Ambos se hallan sometidos a la prohibición de salir del país, la retirada de sus pasaportes y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial, medidas que Anticorrupción considera necesario revisar en el marco de esta fase procesal.
El documento judicial al que tuvo acceso Europa Press, especifica la severidad de las penas solicitadas: veinticuatro años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, diecinueve años y medio para su exasesor Koldo García y siete años para Víctor de Aldama, identificado como el presunto intermediario de la trama. Los cargos se relacionan con actividades presuntamente delictivas durante la gestión y adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia de COVID-19, época en la que la compra de mascarillas y otros insumos estuvo bajo escrutinio público y judicial.
En el marco de la investigación, el magistrado Leopoldo Puente lidera el procedimiento en el Tribunal Supremo, instancia que tiene entre sus atribuciones la revisión de las medidas que afectan a los investigados en casos con especial repercusión. Europa Press informó que la Fiscalía considera que la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal justifican la solicitud de celebrar una audiencia para valorar posibles cambios en las restricciones que afectan a Ábalos y García.
La llamada "trama de mascarillas" surgió tras detectarse presuntas irregularidades en los contratos públicos de adquisición de insumos sanitarios, donde Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, desempeñó un papel relevante. Los informes recabados por la Fiscalía apuntan a la existencia de un entramado que habría facilitado la adjudicación de contratos a empresas concretas, a cambio de presuntas comisiones y otros beneficios ilícitos, según la documentación judicial citada por Europa Press.
La Fiscalía, en su estrategia procesal, estableció la necesidad de revisar no sólo la situación de Ábalos y García, sino también la de Víctor de Aldama, al que señala como presunto "conseguidor" o intermediario central en la red investigada. Para Aldama, la solicitud de pena asciende a siete años de prisión, en línea con el grado de implicación que la Fiscalía le atribuye, conforme los detalles expuestos en la acusación recogidos por Europa Press.
El escrito de acusación formaliza la posición de Anticorrupción dentro del proceso judicial, que contempla la celebración de una vista para tratar la posible modificación de las medidas cautelares. Europa Press recalcó que la petición de medida coercitiva más rigurosa, como la prisión provisional, representa un cambio significativo respecto a las restricciones impuestas inicialmente, orientadas a garantizar la disposición de los investigados durante el avance de la instrucción.
Según el procedimiento habitual, corresponde ahora al instructor del Tribunal Supremo valorar la pertinencia de la solicitud de Anticorrupción y decidir si procede celebrar la audiencia requerida antes de adoptar una decisión sobre el endurecimiento de las medidas cautelares. El caso sigue en desarrollo y se encuentra a la espera de nuevas resoluciones judiciales, bajo la atención de agentes públicos y sociales interesados en la evolución de la investigación por presunta corrupción vinculada al sector sanitario durante la pandemia.
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