La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, se ajusta al derecho de la Unión Europea (UE) y a los valores del Estado de derecho del Tratado de la UE.
La reforma del proceso penal aprobada el pasado martes fue la de mayor calado realizada en el país hasta la fecha y el principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales.
"El texto de la pregunta alerta de que la reforma, que atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal --cuyo fiscal general es nombrado por el Ejecutivo-- y limita el ejercicio de la acusación popular, puede comprometer la independencia judicial, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva", ha apuntado el PP en un comunicado.
En esa línea, la pregunta de los populares a Bruselas subraya que la Comisión Europea había recomendado reforzar la independencia judicial y acelerar las reformas contra la corrupción.
"El Gobierno vuelve a jugar con la ley a su antojo y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude", han opinado los populares.
En este contexto, más allá de determinar si la reforma vulnera o no el Estado de derecho, el PP también solicita a la Comisión Europea que interpele al Gobierno español antes de la entrada en vigor de la reforma (1 de enero de 2028).
"La independencia judicial no es un asunto que debe decidir el Gobierno, es una exigencia en toda democracia europea. Tenemos que garantizar que ninguna reforma procesal ponga en duda la imparcialidad de los fiscales ni la tutela judicial efectiva que protege a todos los ciudadanos europeos", ha resaltado Montserrat.
La secretaria general del PPE también ha criticado que el Gobierno pretenda, a su juicio, "convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política".
Además, ha considerado que limitar la acusación popular es un "grave error" porque, desde su punto de vista, esta herramienta ha sido "clave" para "destapar grandes casos de corrupción".
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado martes que la reforma de la mencionada ley delimita la figura de la acusación popular para dejar fuera a los partidos políticos.
Sobre ello, ahondó en que no afectará a las causas abiertas antes de 2028, como el procedimiento que se sigue contra la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, aunque no se refirió expresamente al mismo.
"Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas", argumentó Bolaños el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la delimitación de la figura de la acusación popular.
En la actualidad, varias de las causas penales más mediáticas han surgido o cuentan con la presencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones entre las acusaciones populares.
Este es el caso de las investigaciones abiertas contra Begoña Gómez o David Sánchez, en las que ejercen esta figura el PP o Vox, así como Manos Limpias o Hazte Oír.
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