Badajoz, 31 oct (EFE).- El juicio por la muerte de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz ha concluido con la petición de seis años de internamiento para los tres menores acusados, dos varones de 14 y 15 años, como autores responsables, y una chica de 17, en calidad de cómplice, por parte de la acusación particular.
En la tercera y última jornada de esta vista oral, celebrada en los Juzgados pacenses, el letrado de la acusación particular, Raúl Montaño, ha modificado su acusación en relación a la menor al considerarla cómplice y no autora material.
Los menores fueron detenidos, como presuntos responsables, pocas horas después de la muerte de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense en el que esta profesional se encontraba trabajando sola.
Tras el suceso, más de un millar de personas salieron a la calle en Badajoz para reclamar una mayor protección de los empleados que trabajan en el ámbito social, en defensa de sus derechos y en repulsa por el asesinato de la educadora.
En declaraciones a los medios, el abogado ha explicado que, a tenor de lo escuchado y expuesto durante las tres sesiones del juicio, su escrito definitivo de calificación "coincide" con la Fiscalía en cuanto al grado de participación de la chica.
No obstante, pide seis años de internamiento para los tres menores, uno menos que lo solicitado por la Fiscalía para la joven de 17 años, el máximo de la horquilla para estos casos.
“La normativa de menores impone la posibilidad de pedir unos años u otros a tenor de la edad en la fecha de la comisión de los hechos”, ha incidido.
El letrado ha manifestado que la vista ha atestiguado además que “la única responsable civil en este procedimiento es la Junta de Extremadura”, y ha apuntado que las cantidades solicitadas en concepto de indemnización para la familia de la fallecida rondan los 600.000 euros.
En este sentido, Montaño ha apuntado que el Ejecutivo autonómico, a tenor de lo expuesto por su representante en la causa, entiende que “no es responsable directo, sino subsidiario”, pues el piso de cumplimiento de medidas judiciales donde murió la educadora era atendido a través de una subcontrata".
El Ministerio Fiscal ha mantenido su solicitud de seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, mientras que pide cinco años para la menor.
Por contra, el letrado de uno de los dos varones menores, José Duarte, ha aseverado que el desarrollo del juicio ha "corroborado" su petición de sentencia absolutoria en cuanto a la participación del menor en la muerte, pues esta circunstancia “no ha sido acreditada”.
"Los hechos se podrían haber evitado”, pues “la administración debe velar por los intereses de los menores”, más si cabe “cuando se realizan denuncias y solicitudes de auxilio”, ha dicho Duarte en referencia a las advertencias expuestas por los educadores en días anteriores a la muerte de la educadora en cuanto a falta de medidas de seguridad.
“La responsable es la Junta de Extremadura”, ha insistido.
Por su parte, el abogado Fernando Cumbres, letrado de una de las familias de los menores, ha sido crítico con la Administración autonómica, que es "a quien corresponde el deber de vigilar”, por lo que ha pedido que la responsabilidad civil sea abonada por la Junta de Extremadura.
El resto de letrados en esta causa no ha realizado declaraciones a los medios desde que se inicio el juicio este miércoles. EFE
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