El PSOE respalda al juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' y tacha de "artimaña" intentar derivarlo a Madrid

El PSOE ha salido en defensa del juez de Tarragona que instruye el 'caso Montoro', Rubén Rus, asegurando que es "neutral", por lo que el partido se muestra a favor de que siga con la causa sobre presuntos favores fiscales a empresas cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Así las cosas, ve una "artimaña" que algunos imputados quieran que pase a los juzgados de Madrid.

Como acusación popular, los socialistas han presentado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que piden al juez que desestime la cuestión de competencia territorial presentada por el despacho Equipo Económico y directivos investigados.

El PSOE sostiene que es "más que suficiente" para que el caso se mantenga en manos del juez Rus que una de las empresas gasísticas investigadas, Messer, tiene su sede en la provincia de Tarragona. A su juicio, es "un punto objetivo de conexión territorial, en tanto allí se emiten, almacenan e incautan los correos electrónicos que exteriorizan y documentan la dinámica delictiva".

Uno de esos correos intervenidos recogía que "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

La formación considera que concurren "los elementos del delito de cohecho activo de particulares" y que su "lugar de comisión se sitúa en el partido judicial de Tarragona, que además fue el primero en iniciar las actuaciones procesales". "Siendo, por lo tanto, más que provisionales la naturaleza y circunstancias de la multitud de hechos objeto de investigación", abunda.

A ello añade "lo embrionario", a su juicio, del procedimiento, haciendo hincapié en que todavía no se ha llamado a declarar a los investigados, "debiendo tenerse en cuenta que la configuración del objeto procesal en el proceso penal es de cristalización progresiva, máxime en una macrocausa de corrupción política de magnitudes colosales".

En su opinión, que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona "debiera inhibirse en favor de los juzgados de Madrid resulta un planteamiento absurdo y, en realidad, una artimaña procesal tendente a desestabilizar el proceso".

Los socialistas afirman que esta causa es "uno de los mayores casos de corrupción político-económica de la historia reciente de España y, desde luego, uno de los más sangrantes por el contexto social en que tuvo lugar".

"Mientras se aplicaban estrictas medidas económicas de durísima austeridad especialmente dolorosas para quienes dependían de un salario, o en los peores casos del gasto social, el Ministerio de Hacienda confeccionaba leyes fiscales a medida de determinadas empresas o 'lobbies' reduciendo la recaudación y limitando por tanto la disponibilidad de crédito para el gasto social", inciden.

Debido a "esa magnitud, con ramificaciones múltiples y hechos de enorme gravedad, el rigor en la instrucción y la ejemplaridad del juzgado no admiten la más mínima sospecha de irregularidad", apuntan.

UNA "FORMA TORTICERA" DE PRESIONAR AL JUZGADO

Los socialistas consideran que hay una "falta absoluta de fundamento jurídico" en la acusación "infundada" de "parcialidad" contra el juez instructor.

También entienden que el escrito en el que la defensa del despacho pide la nulidad del proceso "forma parte de una estrategia dilatoria dirigida a evitar la declaración de los investigados antes de la resolución de los recursos de apelación interpuestos".

La declinatoria a la que se refiere argumentaba, recuerdan los socialistas, que la falta de competencias territoriales que alegó la defensa del despacho "no resulta fruto de un error en la interpretación de las normas, sino de su absoluta falta de observancia".

El PSOE contesta que esto "no viene acompañado de ninguna evidencia" y que se trata de "simples elucubraciones, desprovistas de sustento fáctico", por lo que defiende "la neutralidad" del juez.

Y apostilla que el "verdadero cambio hubiera sido acordar la inhibición en favor de los juzgados radicados en Madrid (...), después de haber turnado el asunto a los Juzgados de Tarragona".

Además, afea que el despacho solicite la nulidad de la instrucción por vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y mantiene que debería de realizarse "a través de un incidente de recusación". "De lo contrario", añade, "parece una forma torticera de presionar al juzgado propia de quien se muestra impotente por carecer de prueba alguna" que sustente sus acusaciones.