Los vocales progresistas reiteran que Perelló rompió de manera "consciente" el consenso y la pluralidad en el CGPJ

El magistrado José María Fernández Seijo, quien presentó recientemente su dimisión ante la presidenta Isabel Perelló, figura entre los firmantes de un comunicado en el que los vocales progresistas expresan su preocupación por las recientes reformas internas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según informó el medio de comunicación, los miembros del sector progresista han denunciado públicamente que la presidenta del CGPJ ha alterado de manera "consciente" el equilibrio representativo del órgano, a raíz de la renovación de las comisiones, lo que a su juicio genera una grave alteración de la confianza institucional.

El martes, el CGPJ difundió una nota de prensa en la que se defiende que los cambios en la composición de sus diferentes comisiones —incluida la Comisión Permanente— no han modificado los equilibrios entre los distintos sectores del órgano, manteniéndose supuestamente los mismos criterios de pluralidad. Este pronunciamiento, sin embargo, no contó con el respaldo del bloque progresista, que sostiene que se difundió sin consenso y por tanto no refleja su postura, según reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada, la controversia se origina en la manera en que se han reorganizado las comisiones. El sector progresista sostiene que se han producido inclusiones y exclusiones significativas de vocales en varias comisiones, tanto en la Permanente como en otras comisiones legales, reglamentarias y delegaciones del CGPJ. Esta reorganización, afirman los vocales progresistas, ha supuesto la ruptura de los equilibrios de representación alcanzados durante el primer año de mandato tras la reciente renovación del órgano. Insisten en que esta fractura no se limita a la Comisión Permanente, sino que impacta de manera global en la estructura de las comisiones del Consejo.

Otro motivo de desacuerdo reside en la consideración del vocal Carlos Hugo Preciado como miembro del sector progresista. Según publicó el CGPJ, Preciado es computado por los conservadores dentro del grupo progresista, pero sus compañeros rechazan esta asignación bajo el argumento de que Preciado se ha desvinculado de la disciplina de voto del bloque progresista y actúa actualmente como independiente. Esta diferencia de criterios ha resultado determinante en la reciente votación que llevó al bloque conservador y Preciado, con el respaldo de la presidenta Perelló, a sacar adelante una propuesta conjunta que reorganiza las comisiones y sitúa a la Comisión Permanente bajo mayoría conservadora.

En el comunicado difundido por los vocales progresistas, se señala que la presidenta Perelló ha "quebrado las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato". El texto incide en que aspectos como la conciliación familiar y el respeto personal, planteados como elementos fundamentales para la dinámica de trabajo del nuevo Consejo, han sido eliminados en la práctica bajo "una lógica de exclusión e imposición".

Al analizar el proceso de reorganización interna, los vocales del sector progresista del CGPJ afirman que se ha tratado de una ruptura intencionada del consenso que había presidido la actividad del órgano desde la renovación producida el año anterior. Interpretan esta acción como "un golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional", según especificaron en el comunicado recogido por el medio.

El sector progresista ha expuesto que la pérdida de representatividad y de equilibrio interno podría tener repercusiones en el funcionamiento del CGPJ y en la percepción pública de la independencia judicial. Han subrayado que lamentan lo que consideran un retroceso, al tiempo que advierten sobre las consecuencias que puede tener esta reorganización para la transparencia y la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces.

Para finalizar su pronunciamiento, los vocales progresistas reafirmaron su compromiso con un Consejo que se mantenga plural y equilibrado, defendiendo la transparencia y la fidelidad al mandato constitucional, que establece la independencia judicial y la calidad del servicio público de la justicia como principios fundamentales. Este planteamiento refleja la intención del sector progresista de continuar reclamando un funcionamiento basado en el consenso y la colaboración institucional dentro del CGPJ, en un contexto de tensiones internas por el reparto del poder y la definición de mayorías de cara a los próximos desafíos que enfrenta el órgano.