García Castellón lamenta que el juez del 'caso Begoña Gómez' "está absolutamente solo": "Es un caso evidente de acoso"

García Castellón ha insistido en la ausencia de una red de apoyo institucional efectiva ante la situación que enfrenta el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según informó Europa Press, el magistrado jubilado sostiene que el caso representa una situación de acoso y añade que la soledad de Peinado se agrava a pesar de las resoluciones de instancias superiores, como la Audiencia Provincial, que respaldaron parte de la investigación. Además, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las querellas por prevaricación que presentaron Pedro Sánchez y su esposa contra el juez instructor.

El medio Europa Press detalló en una entrevista con García Castellón que este considera que la expresión “lawfare” —empleada para describir la guerra judicial por motivos políticos— carece de fundamento cuando existen procedimientos judiciales claros y una vigilancia continua sobre la actuación de los jueces. García Castellón argumenta que, si existen acusaciones fundadas de prevaricación, se debe recurrir a los cauces legales existentes, en vez de popularizar el término “lawfare”, pues a su juicio, este uso puede perjudicar la confianza en el imperio de la ley.

De acuerdo con su visión, la crítica hacia los jueces resulta admisible dentro del marco democrático, pero rechaza los ataques personales y descalificaciones públicas que, según denuncia en su reciente libro, forman parte de campañas que buscan dañar la reputación de los magistrados. García Castellón afirma que el entorno judicial garantiza mecanismos de control y fiscalización estrictos sobre los jueces, ya que estos operan bajo la vigilancia de abogados, fiscales, la Abogacía del Estado y el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la entrevista publicada por Europa Press, el magistrado jubilado recuerda que no recibió condenas por corrupción ni por prevaricación durante su carrera. Tras demandar a Ione Belarra, líder de Podemos, por acusaciones de prevaricación, defiende que el derecho de protección al honor le asiste y plantea que es necesario frenar la proliferación de calumnias e insultos en el debate público. García Castellón advierte contra una erosión del respeto institucional hacia la judicatura, aludiendo al riesgo de crear una sociedad sin normas si no se regula el ataque a la figura del juez.

Europa Press recoge también su reflexión sobre la utilización selectiva del término “lawfare” en la arena política, sugiriendo que no se recurrió al concepto cuando una sentencia de la Audiencia Nacional derivó en la moción de censura que desplazó al Gobierno de Mariano Rajoy y facilitó la llegada al poder de Pedro Sánchez. García Castellón subraya el carácter atípico de aplicar el concepto únicamente en determinadas ocasiones y no en otras, vinculadas a investigaciones de corrupción que afectaron a diferentes partidos.

Al ser consultado por opiniones personales expresadas en resoluciones judiciales, García Castellón señala que la función de un juez debe limitarse al análisis jurídico, sin incorporar valoraciones individuales, en referencia a comentarios realizados en procesos recientes, como en el caso Koldo.

El magistrado jubilado, con una trayectoria en la instrucción de causas de corrupción relacionadas con el Partido Popular —como la trama Púnica o Lezo—, expone que los mecanismos de control interno en las instituciones representan la principal herramienta para impedir casos de corrupción. Según Europa Press, García Castellón sostiene que la intervención de la justicia, aunque necesaria, refleja el fracaso de los controles previos y constituye un signo negativo para cualquier país. Asimismo, alude al caso Tándem e indica su respeto por la absolución de José Manuel Villarejo, aunque destaca que la investigación judicial ha continuado por otras vías delictivas.

García Castellón también manifiesta su frustración con los obstáculos que aún persisten en la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de las órdenes europeas de detención, un aspecto que retrasó investigaciones de relevancia.

En relación con el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, el magistrado propone un modelo que, según la Constitución, otorgue a todos los jueces —sean asociados o no— el derecho a elegir a los miembros judiciales de este órgano, mientras que las Cortes Generales seleccionarían a los restantes. El magistrado jubilado argumenta que los cambios legislativos introducidos en 1985 permitieron que los partidos políticos influyeran en el funcionamiento del CGPJ, comprometiendo su independencia.

El medio Europa Press expone que García Castellón plantea que el CGPJ debe contar con mecanismos de intervención eficaces para proteger la independencia judicial y responder adecuadamente ante insultos, amenazas y calumnias contra jueces. Sostiene que limitar la respuesta institucional a pronunciamientos simbólicos resulta insuficiente y que cualquier ataque contra un juez debe conllevar consecuencias.

Sobre su actividad posterior a la jubilación, García Castellón indica a Europa Press que continúa activo en el ámbito jurídico, colegiado como abogado y colaborando con diferentes entidades. Explica que se encuentra en condiciones de proseguir su carrera profesional, y considera que la edad no implica necesariamente el fin de la actividad laboral, a diferencia de épocas pasadas.