El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC), para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.
Lo ha hecho tras un debate bronco, con diversas llamadas al orden por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, a senadores socialistas para que se ciñieran al orden de la cuestión, así como reproches cruzados entre PP y PSOE a cuenta de las polémicas judiciales del Gobierno o la falta de Presupuestos en comunidades 'populares'.
En cualquier caso, el PP ha activado el procedimiento para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional a cuenta de los Presupuestos del año que viene. De esta manera, el Senado lo ha adoptado como suyo y se remitirá al Gobierno.
El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.
ES UNA "OBLIGACIÓN" DE LA CONSTITUCIÓN
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".
Del mismo modo, los 'populares' advierten de que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".
"La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expone el PP.
En este sentido, cree que actualmente "no existe justificación posible" para no presentar los Presupuestos, "salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos".
"Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria", sentencia el texto.
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