Fiscalía sostiene que la "ayuda" que Álvarez pudo prestar "ocasionalmente" a Gómez no constituye malversación

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la pieza separada donde el juez Juan Carlos Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez, al considerar que la "ayuda" que "ocasionalmente" pudiera prestar ésta a la esposa de Pedro Sánchez no constituye un delito de malversación.

Así se pronuncia el fiscal en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el pasado sábado, cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó a las partes para comunicarles, tanto a ellas como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que si son juzgados por malversación lo hará un jurado popular.

En esa comparecencia, a la que los imputados no acudieron personalmente sino representados por sus respectivos abogados, el fiscal ya abogó por el archivo, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, posición que reitera en este escrito.

Sobre Gómez, subraya que "no ostenta la condición de funcionario público a los efectos del artículo 24 del Código Penal", por lo que "no cabe considerarla sujeto activo del delito" de malversación.

En el caso de Álvarez explica que, si bien ostenta la condición de funcionario público a esos efectos, "ha cumplido las funciones y realizado las actividades encomendadas inherentes a su puesto de trabajo".

Al hilo, enfatiza que "no estamos en el supuesto de una persona irregularmente designada para un cargo o puesto de trabajo que cobra un sueldo proveniente del Estado o de un ente público sin acudir a su puesto de trabajo y sin desempeñar la actividad que le corresponde".

LOS 'EMAILS' DE ÁLVAREZ

El fiscal alude a los correos electrónicos aportados por el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio con Álvarez, que revelan que ésta envió más de 100 con "gestiones" para la cátedra que codirigía Gómez, según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al respecto, el fiscal reconoce que, "entre los años 2021 a 2024, Álvarez ha recibido y enviado correos electrónicos en nombre de Gómez en el marco y relaciones de la actividad que ésta desarrollaba hasta julio de 2024 en la Cátedra Social Competitiva" de la UCM.

Sin embargo, esgrime que Álvarez ha "cumplido las funciones que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual, sin que, por otro lado, haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente desempeñar ningún menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos".

"No ha existido en la actuación que abordamos un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público por el hecho de enviar los correos electrónicos a terceros en nombre o por cuenta de Begoña Gómez", asevera.

Respecto de Martín Aguirre, dice que "no se advierte la imputación racional de actuación concreta de ningún tipo en relación a los hechos indicados, más allá del hecho de haber desempeñado cargos públicos en el Ministerio de la Presidencia en las fechas indicadas".