La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que está "absolutamente tranquila" frente a las acusaciones que la implican en el caso Cerdán, por lo que ha defendido que allí donde ha tenido responsabilidades ha actuado "con la mayor transparencia" y ha cumplido "escrupulosamente" con la ley.
Así se ha pronunciado en el programa 'Directo al grano' en TVE, tras ser preguntada por un titular del diario 'ABC' del 20 de junio de 2025 que relacionaba Saiz directamente con el caso Cerdán por las supuestas adjudicaciones de las obras del túnel de Belate (Navarra) durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda en el gobierno foral liderado por María Chivite.
"Estoy absolutamente tranquila. Donde he tenido responsabilidades he desarrollado mi trabajo con la mayor transparencia y el cumplimiento escrupuloso de la ley. En todo lo que tiene que ver con esto, la propia Cámara de Comptos en Navarra, ya ha hecho su informe donde no constata tan ninguna ilegalidad", ha subrayado Saiz.
Por otro lado, la ministra ha criticado al PP por votar en contra de la proposición de ley presentada la semana pasada en el Congreso de los Diputados por Sumar para la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción. "Quizás (han votado en contra) por miedo a que siguieran abriendo esas costuras en los casos que tanto daño hacen a la Hacienda Pública", ha cargado Saiz.
LAS ACUSACIONES DEL PP A SAIZ
Además, cabe recordar que este miércoles el Partido Popular reclamó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que Saiz diera cuenta de quién le daba las instrucciones para que facilitara adjudicaciones a las empresas de la "trama" Santos Cerdán.
En concreto, el diputado 'popular', Sergio Sayas, se centró tanto en Chivite como en Saiz destacando que la semana pasada la Oficina Anticorrupción hizo un informe "demoledor" que, a su juicio, obligaría a ambas a dimitir "de manera inmediata" porque habla de "más de 100 millones de euros" adjudicados a la empresa de Santos Cerdán.
Y también por su papel, entonces como consejera delegada de Nasuvinsa (Corporación Pública Empresarial de Navarra), en la adjudicación de 42 viviendas protegidas por 10 millones de euros a las empresas de Cerdán en un procedimiento "irregular, sospechoso y nulo de pleno derecho".
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