El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado entregar a las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, copias de grabaciones de las declaraciones en la fase de instrucción.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor razona que la Audiencia Provincial de Madrid determinó en un auto que, "sin perjuicio de que las partes personadas puedan instruirse y tengan derecho al pleno acceso del material instructor en la Secretaría del Juzgado o a través de la 'extranet' de las declaraciones prestadas, deben adoptarse restricciones a fin de garantizar el derecho a la imagen de todas las partes".
Según la resolución que cita Peinado, "se trata de actuaciones reservadas como toda actuación practicada en fase de instrucción" y, por ese motivo, se opone a la solicitud realizada por la defensa de Gómez y la acusación popular de Hazte Oír.
El juez indica a las partes que quien quiera consultar las grabaciones de las declaraciones lo puede hacer en la Secretaría del Juzgado y tomar allí "las oportunas notas respecto de las mismas".
Esta providencia ha coincidido en fecha con el auto en el que Peinado comunica a la esposa de Pedro Sánchez; a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente, lo haga un jurado popular.
Cabe recordar que la investigación contra Gómez nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se la acusaba de haberse valido de su condición de esposa de Sánchez para recomendar a empresarios --como el investigado Juan Carlos Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora en Moncloa de la esposa de Sánchez.
Gómez figura en la causa como investigada por cinco presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
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