Baleares pide a Aagesen financiación para el transporte de residuos y niega que carezca de planes adaptados a la ley

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para pedirle financiación estatal para el transporte interinsular de residuos.

En la misiva, el conseller le ha reprocha a la también vicepresidenta tercera del Gobierno la "falta de fundamento jurídico y técnico para negar a Baleares" esta financiación y ha desmentido que las islas no cuenten con planes de residuos adaptados a la normativa estatal.

Sáenz de San Pedro, según ha señalado la Conselleria en un comunicado, ha subrayado la importancia de la aportación estatal "para garantizar la equidad territorial y el cumplimiento de los objetivos ambientales comunes".

Especialmente necesaria, ha remarcado, es en territorios como Formentera e Ibiza, "donde los costes logísticos son significativamente superiores".

En ese sentido, el conseller ha mostrado su preocupación por las declaraciones realizadas por la ministra en el Senado, donde afirmó que Baleares carece de planes de gestión de residuos adaptados a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía cicular (7/2022).

Cada isla del archipiélago, ha contrapuesto Sáenz de San Pedro, dispone de su propio plan director sectorial de residuos, aprobado por los correspondientes consell insular y vigentes desde 2019.

Estos instrumentos de planificación, elaborados conforme a la normativa autonómica y estatal, constituyen la base del modelo territorial balear de gestión insularizada, ha defendido.

Asimismo, el conseller ha recordado que la ley estatal 7/2022 establece, en su disposición adicional tercera, la obligación del Estado de financiar el sobrecoste derivado del transporte de residuos en los territorios no peninsulares.

Ha destacado, además, que la ley balear de residuos, aprobada en 2019, "fue pionera en incorporar los principios de la economía circular y la jerarquía de tratamiento fijados por la normativa europea e incluso anticipó objetivos que posteriormente se integraron en la normativa estatal".

Sáenz de San Pedro ha precisado que el plazo de tres años recogido en la disposición transitoria primera de la ley 7/2022 se refiere a la adaptación de autorizaciones y comunicaciones, y no a la revisión de planes de gestión, que deben actualizarse cada seis años. En este sentido, ha informado de que ya se ha iniciado la tramitación formal de revisión de los cuatro planes insulares.

Finalmente, ha solicitado a Aagesen ha solicitado que reconozca "el esfuerzo realizado por las administraciones insulares en materia de planificación y gestión de residuos, y que se activen los mecanismos de apoyo previstos en la legislación vigente".