La Diputada del Común, Lola Padrón, se ha reunido este martes con trabajadoras representantes del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz de Tenerife, que han visibilizado una "falta" de gestión en los servicios y horarios prestados, así como las situaciones de acoso sexual que sufren por parte de algunos ususarios.
Verónica González González y Carmen Delia Henríquez Barreto, representantes legales del sindicato Uso, han expuesto, en definitiva, la que es la situación del colectivo, su precariedad y "los fallos" que corre este servicio de ayudas a personas mayores y dependientes, según indica la Diputación del Común en una nota.
Exponen que la capital tinerfeña cuenta con casi 4.000 personas mayores de 65 años, pero la demanda de asistencia especializada en domicilio va en aumento. Mientras, representantes laborales exponen la "falta" de control de los servicios, el cambio de prestación horaria "inferior", al ser traspasado el servicio a la Comunidad Autónoma, el acoso sexual que sufren de algunos usuarios y los domicilios insalubres que enfrentan.
En concreto, Verónica González ha señalado que esta situación no solo les está afectando a las trabajadoras del sector, sino que también pone "en riesgo" la atención de las personas mayores que precisan de sus cuidados.
Su labor, defienden, consiste en prestar aseos personales y todo lo que conlleva, la realización de compras esenciales, acompañamientos a médicos, acompañamiento para evitar la soledad de las personas en peligro de exclusión social; sin embargo, "no se está haciendo una revisión de los servicios que precisan de estas tareas, que son bastantes personas a las que se les ha concedido todos los servicios y sólo quieren que se les limpie".
La representante sindical ha explicado, además, que en muchos casos solo se realizan servicios de limpieza, dejando de lado las funciones de ayuda sanitaria. "Nos han pedido que comuniquemos las personas que son, lo hacemos y no hay resultados efectivos", ha señalado.
PIDEN ABRIR UNA INVESTIGACIÓN
La Diputada del Común ha estimado "necesario" que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abriera una investigación sobre todas las cuestiones planteadas por las trabajadoras, y además de una explicación sobre el cambio de gestión del servicio, trasladado del Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma, y prestado ahora a través de una empresa externa. "Esto ha supuesto en muchos casos la reducción de horas de asistencia sin explicación alguna a las familias, pasando de seis horas de atención a tres, sin detallar el motivo", ha aseverado.
Por tanto, reclama que se verifique si la empresa adjudicataria cumple con el pliego de condiciones y que, además, se garantice que este servicio se presta con la calidad y las características que las personas usuarias "necesitan, sin recortes encubiertos ni condiciones que pongan en riesgo la dignidad de quienes lo reciben".
El 92% de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio son mujeres, y, junto a la "falta de gestión" con el horario y los servicios prestados, exponen la gravedad del acoso sexual que sufren con algunos pacientes.
SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL
Exponen como algunas se han visto en situaciones comprometidas sin que se les ponga remedio: "se realizan servicios en donde las trabajadoras han recibido acoso y agresión sexual, se retira a esa trabajadora y se pone a otra, que vuelve a pasar por la misma situación, sin haber sido avisada de lo que previamente ha pasado, para que esa nueva trabajadora no tenga conocimiento y se niegue a acudir", argumentan desde el colectivo.
"Son usuarios reincidentes y sólo se han retirado tres servicios, por la insistencia de la comisión de igualdad del comité, y es que en los domicilios estamos a puerta cerrada en el territorio del acosador, hay doble intimidación y vulnerabilidad", ha indicado González.
Igualmente, han expuesto a la Diputada del Común la circunstancia de tener que ir a limpiar a viviendas que no reúnen un mínimo de salubridad, sin que se les preste a esas personas vulnerables una asistencia digna.
Padrón ha resaltado la necesidad de que se intervenga. "Por un lado, se han señalado casos graves de acoso sexual a trabajadoras, la mayoría mujeres, que requieren ser tratados con la máxima seriedad y con garantías de protección. Por otro, existen denuncias sobre deficiencias en la limpieza y reducción de horas de atención, lo que podrían estar repercutiendo directamente en las condiciones de vida de personas mayores y dependientes".
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