São Paulo/Washington, 31 jul (EFECOM).- En la ofensiva de Donald Trump contra Brasil, la mayor economía de América Latina, se cruzan la economía, la política y la justicia, pero todo converge en un punto: el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Estas son las claves de la crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos:
El mandatario estadounidense firmó el miércoles la orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 50 % para los productos brasileños.
Sin embargo, hubo dos cambios sustanciales respecto a lo previsto: postergó su entrada en vigor del 1 al 6 de agosto e incluyó una larga lista de excepciones con alrededor de 700 ítems que no pagarán el gravamen máximo.
Según estudios preliminares, los productos excluidos representan alrededor del 40 % del total exportado a EE.UU. en 2024. El Gobierno de Brasil atribuyó la letra pequeña a las negociaciones de los últimos días.
"El empeño de Brasil será total para revertir la tarifa", afirmó este jueves el vicepresidente y ministro de Comercio, Geraldo Alckmin, en un programa de televisión.
Aunque el principal motivo de Trump para castigar a Brasil parece ser el juicio contra Bolsonaro.
"La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento con motivaciones políticas del Gobierno de Brasil contra Bolsonaro y miles de sus simpatizantes constituyen graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho en Brasil", señaló la Casa Blanca.
El proceso contra Bolsonaro tramita en la Corte Suprema y viene motivado por una denuncia de la Fiscalía, que halló indicios de que el líder ultraderechista fue "el principal articulador" de un complot para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.
Por ello, Trump también ha puesto en su mira a los jueces del Supremo brasileño, en especial al instructor de los casos de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.
El 18 de julio, el Departamento de Estado anunció la revocación del visado de De Moraes, de sus familiares y de sus "aliados" en el Supremo. Fuentes oficiales señalaron a medios locales que la medida se extendió a otros siete jueces del Supremo, así como al fiscal general, Paulo Gonet, autor de la denuncia por golpismo contra Bolsonaro.
El miércoles, EE. UU. estrechó el cerco sobre De Moraes al encuadrarlo en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. A efectos prácticos, a De Moraes se le congelan sus posibles bienes y propiedades en Estados Unidos.
Lula ha defendido la independencia del Poder Judicial y tachado de "inaceptables las injerencias" de Trump en la causa.
En otro frente, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) anunció el 15 de julio una investigación a Brasil por posibles prácticas "discriminatorias".
La potencia norteamericana, tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea, indicó que indagará sobre los servicios de pago electrónico brasileños, así como posibles interferencias en medidas anticorrupción; la protección de la propiedad intelectual; el acceso al mercado de etanol; y la deforestación ilegal.
"USTR ha documentado durante décadas las prácticas comerciales desleales de Brasil, que restringen la capacidad de los exportadores estadounidenses de acceder a su mercado", lo que "merece una investigación exhaustiva y, potencialmente, acciones en respuesta", afirmó el organismo.
Detrás de esta campaña aparece como una figura clave el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y quien se encuentra desde hace cinco meses en Estados Unidos.
Él mismo ha reconocido con orgullo que se ha reunido con representantes de la Casa Blanca en busca de sanciones para el Supremo y para su país con el fin de ayudar a su padre.
En respuesta, De Moraes impuso a Jair Bolsonaro el uso de tobillera electrónica por riesgo de fuga, le prohibió acceder a sus redes sociales y le obligó a pasar las noches y los fines de semana en casa.
Y la crisis podría agravarse más. Congresistas demócratas y republicanos, así como empresarios estadounidenses, advirtieron a una comitiva de senadores brasileños que viajó esta semana a Washington sobre posibles sanciones adicionales por su pujante comercio con Rusia.
Brasil es un importante importador de fertilizantes rusos, que usa para su potente industria agrícola, pero también ha venido aumentando las compras de hidrocarburos procedentes de ese país desde que se desató la guerra en Ucrania.
Rusia y Brasil son además dos importantes socios en el foro de los BRICS, que ya ha sido objeto de amenazas por parte de Trump. EFECOM
(foto y vídeo de archivo)
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