Quito, 29 jul (EFECOM).- El colectivo ambientalista Yasunidos, promotor del histórico plebiscito en el que los ecuatorianos aprobaron el cese y desmantelamiento de la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), situado dentro del amazónico Parque Nacional Yasuní, denunciaron que sigue sin detenerse la actividad petolera casi dos años después de la votación.
La consulta popular se celebró el 23 de agosto de 2023 y en ella el 58,91 % de los ecuatorianos votó a favor de cesar la actividad dentro del Bloque 43-ITT, que en ese momento producía unos 55.000 barriles de crudo por día, el 11 % de la producción nacional de petróleo, lo que suponía ingresos para el Estado por valor de unos 1.200 millones de dólares al año.
La reservas petroleras del Bloque 43-ITT, que entró en operación en 2016 por parte de Petroecuador tras una inversión estatal de unos 2.000 millones de dólares, se estimaban en más de 13.000 millones de dólares para los siguientes veinte años en el momento de la votación.
Desde el Gobierno se inició un retiro progresivo con un plan de largo plazo a cinco años, en el que se comenzaron a cerrar pozos de manera paulatina, pese a que el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a celebración del plebiscito señalaba que el demantelamiento de las instalaciones petroleras debía hacerse en un año, tiempo que las autoridades ecuatorianas consideraron imprudente si se quería hacer el proceso de forma segura.
Así, el Bloque 43-ITT continúa hasta el momento en actividad con una producción actual es de algo más de 40.000 barriles por día, de acuerdo al reporte oficial de este martes.
"Lejos de ejecutar la voluntad ciudadana, el Estado ha inventado excusas, trámites, comités e informes para dilatar lo que debía ser una acción inmediata", señaló Yasunidos en su comunicado emitido este mismo martes.
"La inacción no es un error: es una estrategia deliberada de desobedencia institucional frente a la soberanía popular", añadió.
Para Yasunidos, entre los incumplimientos "más graves", figura que no se haya suspendido la explotación petrolera en el plazo de un año como señalaba el tribunal constitucional, ni que tampoco se hayan revocado las licencias ambientales ni iniciado el retiro de infraestructura.
"El Gobierno alega trámites y reformas que que violan flagrantemente la jerarquía constitucional", apuntó Yasunidos.
El colectivo también criticó que no se hayan tomado medidas para proteger los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) que habitan dentro del Parque Nacional Yasuní y cuya reserva colinda con el Bloque 43-ITT.
Asimismo, lamentaron que no haya habido avances por parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular creado por el actual presidente, Daniel Noboa, que "se ha reunido apenas dos veces y no ha producido resultados".
"Este incumplimiento vulnera los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas y la democracia. Es una burla a la decisión soberana del pueblo y una desobediencia abierta a lo dispuesto en la Corte Constitucional", manifestó Yasunidos.
"Desde Yasunidos exigimos que la Corte actúe ya. La Constitución es clara: las decisiones adoptadas por consulta popular son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Exigimos que se garantice la ejecución del mandato, se sancione a las autoridades responsables y se ordene la suspensión inmediata de toda actividad petrolera en el Bloque 43-ITT", añadió.
Para el grupo ecologista, "la desobediencia al mandato por el Yasuní no es un hecho aislado: forma parte de una tendencia regresiva del gobierno de Daniel Noboa que atenta contra los principios constitucionales y los avances históricos en derechos colectivos de la naturaleza y la democracia".
En el interior del Yasuní, donde hay otras explotaciónes petroleras como los bloques 16 y 31, se han encontrado más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces, y también es el hogar de los tagaero, taromenane y dugakaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario. EFECOM
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