El senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante su etapa al frente del Ministerio entre 2011 y 2018, por su presunta implicación en un entramado de corrupción institucional que habría beneficiado fiscalmente a empresas privadas a través del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, como revela el informe de la instrucción judicial abierto en Tarragona.
"Según este informe, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy imponía una política de austeridad extrema que afectó duramente a las clases trabajadoras, se habría facilitado desde el Ministerio de Hacienda un modelo de asesoramiento fiscal a medida, favoreciendo intereses privados a través de normas redactadas ad hoc, operaciones trianguladas con paraísos fiscales y una presunta connivencia entre estructuras funcionariales y redes privadas de consultoría fiscal", denuncia el senador valencianista.
En un comunicado, Morera subraya que "Equipo Económico, en el que participaron antiguos altos cargos del Ministerio, se habría beneficiado de decisiones gubernamentales, operando bajo una apariencia de legalidad que vulnera el principio constitucional de integridad pública".
Desde el grupo de Compromís-Izquierda Confederal se alerta de la existencia de "obstrucciones internas a la investigación, incluyendo el archivo de denuncias, sanciones a fiscales que intentaron actuar, como Carmen García Cerdá, y manipulación de informes técnicos dentro de la Agencia Tributaria para beneficiar al Partido Popular en causas de corrupción".
"Estamos ante un posible caso de captura del Estado desde dentro, una auténtica cleptocracia, en el sentido señalado por organismos internacionales como la OCDE o el Consejo de Europa. Un caso gravísimo que exige una respuesta institucional firme y ejemplar", exige Morera.
Y defiende que "no basta con reformas simbólicas": "Es urgente depurar responsabilidades y blindar a Estado de quienes lo ponen al servicio de intereses particulares, fortaleciendo los controles internos, protegiendo a los denunciantes y blindando la independencia del Ministerio Fiscal por medio de una cultura de integridad pública real".
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