La Mesa del Congreso ha frenado las peticiones de comparecencia registradas por Sumar, que perseguía llamar al Congreso a los máximos responsables de Acciona y Levantina, dos de las empresas implicadas en la trama de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública por la que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos y al ex asesor de este último en el Ministerio de Transportes, Koldo García.
Según han informado fuentes parlamentarias, conforme al criterio fijado por los letrados, el órgano de gobierno del Congreso ha rechazado citar a estos dos empresarios ya que los ciudadanos particulares no están sujetos al control parlamentario y sólo podrían ser citados, en su caso, ante una comisión de investigación.
En concreto, Más Madrid había pedido citar al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tras aparecer referencias a su compañía en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Cerdán.
75% DE LAS ADJUDICACIONES
En ese documento, resaltaba Más Madrid, se recoge que las obras públicas que están siendo investigadas superan los 720 millones de euros y un elevado porcentaje --el 75% aproximadamente--, habría sido adjudicado a Acciona.
Tras salir a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán, la constructora expresó su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por esas informaciones, anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades y acabó despidiendo al hasta entonces director de Construcción, Justo Vicente.
De la misma manera, la Mesa ha tumbado la pretención de Sumar de que compareciera el responsable de seguridad internacional del grupo Acciona y ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, pues sospecha que el hecho de que la UCO no registrara la sede de Acciona --mientras que sí procedió al registro de las otras tres empresas implicadas presuntamente en la trama--, sino que se limitara a requerir información podría estar vinculado a que Corbí fue máximo máximo responsable de la UCO hasta 2021.
La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
FILTRACIÓN DE UNA SENTENCIA
Por eso, Compromís, adscrita también al grupo de Sumar en el Congreso, pidió que acudiera a la Cámara el empresario valenciano José Ruz, el dueño de la constructora LIC, que, según recuerda del diputado Alberto Ibáñez tenía en "nómina" a Koldo García y, tras su salida del Ministerio de Transportes, y resultó adjudicataria, en una UTE con Construcciones Vilor de la estación del AVE de Elche (Alicante).
La Mesa del Congreso también ha rechazado la pretensión de Vox de llamar a comparecer a Ábalos, con el argumento de que tampoco los diputados están sometidos al control parlamentario. Los de Santiago Abascal querían pedirle cuentas por la posible filtración de una sentencia judicial antes de su publicación oficial.
Y es que, según el diario 'El Mundo', el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, comunicó a Ábalos, en agosto y septiembre de 2020, el sentido absolutorio de la sentencia que afectaba al entonces mayor de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, antes de que esta fuera dictada y notificada, y esa información se utilizó con fines partidistas en un contexto marcado por las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
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